“Además del impacto ambiental, la exploración de petróleo en Mar Del Plata será un saqueo”
Hace más de 30 años que el complejo Manantiales explota comercialmente un bien de dominio público como si fuera privado al sur de Mar del Plata. No sólo impide el tránsito de personas, sino que también contamina el lugar. La Asamblea Luna Roja resiste y exige que la empresa se adecue a las normativas ambientales vigentes.
Por Charlie Serra, integrante de la Asamblea Luna Roja, nacido y criado en Chapadmalal.
Desde 2007 hasta la actualidad venimos realizando reclamos contra la empresa Manantiales Club de Mar por dos cuestiones. Una es de orden social, que es la exclusión de las personas, es decir, no nos dejan transitar por un espacio que es público; y otra de orden ambiental, que es el volcado de líquidos cloacales sobre el cauce del arroyo Lobería con pozos ciegos no declarados. Tanto la empresa Manantiales como el balneario Luna Roja han contaminado.
Para poner contexto... La Unidad Turística Fiscal (UTF) es parte del Paseo Costanero Sur, que es un cordón de playa, bosque y acantilados de 27 kilómetros aproximadamente, ubicado al sur de la ciudad de Mar del Plata. Ese paseo, a la altura de Chapadmalal tiene todas sus Unidades Turísticas fiscales (decir solamente playas es incorrecto, porque también hay bosque, médanos y acantilados) afectadas al uso público, siendo además bienes de dominio público cuya tutela la tiene el Estado municipal.
Manantiales Club de Mar es un emprendimiento privado que está desde hace 30 años y tiene una concesión arriba de la Unidad Turística Fiscal llamada “Arroyo Lobería”, que recibe ese nombre porque allí sale el arroyo. Posee ocho hectáreas que fueron privatizadas como si fueran una estancia o un country. La empresa cree que es un club privado, así lo llama y así lo publicita pero, en realidad, es un parque público.
En 2009, la situación tomó estado parlamentario y llegó al Concejo Deliberante, pero quedó en la nada. El conflicto sigue porque además hay un monumento natural, que es la cascada, a la cual la empresa también prohíbe el acceso por medio de un alambrado instalado hace 30 años. Es un arroyo que está en una reserva forestal y turística de dominio público, pero Manantiales viene destruyendo la zona sin ningún tipo de control.
El Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata (EMTUR), que es el organismo de control municipal, lo único que hace es cobrar multas y bastante baratas. Por ejemplo, por no tener en condiciones el área sudoeste del complejo Manantiales y estar cerrado al público, le cobraron 280 mil pesos, pero nunca establecieron medidas concretas como exigirles que abran el lugar para que cualquier ciudadano puede acceder.
No tenemos ni un metro cuadrado de uso público siendo un bosque de ocho hectáreas con un arroyo y una cascada.
Cuando esta UTF fue alquilada, el Concejo Deliberante emitió una ordenanza (N° 25.024) por tratarse de un bien patrimonial del Estado. En el primer artículo dice que la unidad es un bien de dominio público y que la concesión del lugar no cambia eso, por lo tanto, todos los espacios públicos deben mantenerse abiertos los 365 días del año en calidad y condición. La firma Rivan S.A., que es la dueña de la concesión desde la década del ’90 y hasta 2031, tiene una asesoría jurídica poderosa y ya ha iniciado causas contra el mismo Estado municipal.
También existe otra ordenanza municipal, que es la 19.111/09 (sobre el Plan de Manejo del Paseo Costanero Sur), que es contundente. Allí se habla de las especies botánicas, ornitológicas, es muy completa. Hay una parte que menciona la zonificación, en la queda muy claro que además de ser un bien de dominio público, es una reserva que está afectada al uso público entre los acantilados y los hoteles de la colonia. En concreto, tanto la ordenanza 19.111/09 como la 21.524 son pasadas por alto con la exclusión del uso público y su privatización.
A su vez, esta empresa está violando la Ley 12.704, de Protección del paisaje, y el artículo 560 del Código Civil por cerrar y privatizar un curso de agua. Estamos hablando de una empresa que tiene mucho poder económico y político, que se vincula con medios periodísticos de ultraderecha de Mar del Plata y tiene llegada al poder político de Juntos por el Cambio, ya que la dueña de la concesión de Manantiales es Gabriela Lombardi, hermana del diputado y ex funcionario en los gobiernos de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, Hernán Lombardi.
Durante el menemismo el complejo era un desfile de figuras mediáticas, una época en la que directamente prohibían entrar a la playa mediante un paredón de piedra y una empalizada de madera. En los 90, siendo yo adolescente, recuerdo que iba a jugar a la playa y una vez me sacaron de manera violenta.
Hemos realizado amplias denuncias por usurpación del espacio público, denuncias administrativas vinculadas al arrojo de basura, al corte de árboles, a la ocupación arbitraria del espacio público, a la quema de plástico, al cerramiento del cursos de agua, a construcciones edilicias fuera de la margen de rivera y fuera del catastro sobre el acantilado. También hicimos denuncias a Defensa Civil por una valla del complejo que está a punto de caerse.
La empresa lo vende como un club privado, pero es una mentira: es un parque público usurpado por una firma que lo vende como un club privado.
El EMTUR es más amigo de las empresas que del uso público, que es un derecho particular de los ciudadanos. Nosotros no ponemos en tela de juicio que la UTF esté asignada a esta empresa, lo que le reclamamos a Manantiales y al Estado municipal es ¿dónde están las partes públicas? No tenemos ni un metro cuadrado de uso público siendo un bosque de ocho hectáreas con un arroyo y una cascada. Es una locura.
El lunes 27 de febrero de 2023 evitamos que se alambre la reserva pública. Ellos pueden tener adentro toda su estructura arancelada, su restaurante, sus servicios (spa, piscinas, canchas), pero no pueden cerrar el acceso libre e impedir la permanencia en el lugar. Es un bosque que posee todas los atractivos turísticos que tienen que ver justamente con el derecho al acceso al paisaje.
Nosotros somos usuarios naturales de ese espacio y así además lo contempla la ordenanza que legisla la licitación del balneario y también el Plan integral de Manejo del Paseo Costanero Sur, que es una es una ordenanza propia que puntualiza cuáles son los sectores privados, los sectores afectados al uso público y los sectores medianamente públicos.
La empresa Manantiales quiere cerrar el lugar porque un club privado cerrado perimetralmente les da más garantías de exclusividad a los clientes. La empresa lo vende como un club privado, pero es una mentira: es un parque público usurpado por una firma que lo vende como un club privado.
La dueña de la concesión de Manantiales es Gabriela Lombardi, hermana del diputado y ex funcionario en los gobiernos de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, Hernán Lombardi.
Desde nuestra asamblea y la comunidad logramos recuperar un pequeñísimo sector que usaban como basurero clandestino de quema de poda y plásticos. De la totalidad de la superficie del predio, lo que está actualmente usado por la comunidad (uso público) es un 6,7 por ciento. Son dos parquecitos y una canchita de fútbol donde van a jugar los pibes.
Lo quieren cerrar porque consideran que los tiempos de apertura al uso público lo tienen que regular la empresa y el EMTUR únicamente; es decir, la comunidad no cuenta. La forma en la que intentan cerrarlo es abriéndoles causas penales a cinco compañeros referentes de la asamblea por “turbación de la posesión de un inmueble” y se les inicia un juicio de desalojo.
Un juicio desalojo es una figura jurídica para que vos dejes el lugar donde estás viviendo si no es tuyo, no para prohibirte ir a la playa, o sea, no tiene sentido, es algo ilógico. Pero un juez le dio sentencia y la Cámara de Apelaciones también le dio la razón a la empresa. Estamos entre la espada y la pared tratando de que no aumenten las causas penales, porque es gente sin ningún tipo de escrúpulos pertenecientes a una élite económica, además de sus conexiones con el poder político.
En términos legales, tienen una capacidad económica para sostener un bufete de abogados. Nosotros tenemos que hacer una rifa o una donación de nuestras pertenencias para bancar a nuestro abogado. No estamos en la misma condiciones de batalla, pero vamos a seguir luchando.
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