El gobierno nacional adjudicó la concesión de la Vía Navegable Troncal del río Paraná al consorcio Jan de Nul-Servimagnus por 25 años, controlando el dragado y los peajes. ¿Y la soberanía qué? Consultamos a Carlos del Frade sobre el futuro de nuestros ríos y la injerencia de las multinacionales.
Por Carlos del Frade*
El dragado, balizamiento y peaje del río Paraná, tres actividades que desarrollaba el estado nacional a través de la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias desde 1898, comenzaron a ser servicios privados en 1995 a partir de la licitación que hizo el menemato. La unión transitoria de empresas de aquellos años estaba conformada por la Jan de Nul, belga y una de las cuatro dragadoras más importantes del mundo, junto a EMEPA, de capitales nacionales.
Tres décadas después, en la madrugada del viernes 19 de junio de 2026, una vez más Jan de Nul ahora junto a la firma Servimagnus, de la familia Román, el zar de las grúas en el país y con base en el puerto de Bahía Blanca, continúa con estos negocios que implicarán 628,2 millones de dólares de facturación anual y 15.707 millones de dólares al término de la concesión que será por un cuarto de siglo. El pliego dice con claridad que no habrá aval del estado y que el tráfico internacional crecerá un 38,1 por ciento.
Pero el verdadero negocio está en quiénes planifican los tres servicios. Quién piensa el Paraná que atraviesa siete provincias argentinas, con qué profundidad debe hacerse el dragado, para qué buques y a favor de qué intereses. Eso ya fue definido en un decreto del 28 de noviembre de 2023 por el ex presidente Alberto Fernández: será, como en Paraguay desde 2020, el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, los mismos que avalaron y promovieron todas las dictaduras en América del Sur durante los años setenta.
En buen romance: Jan de Nul y Servimagnus serán títeres, el titiritero será el gobierno de Trump y la empresa más beneficiada será el emblema del país del norte desde hace décadas, Cargill.
Los norteamericanos manejarán el río Paraná, el número 14 del mundo y por donde pasa el 80 por ciento de las exportaciones del pueblo argentino. Alrededor de 80 mil millones de dólares en 2026.
Manejar el río Paraná implica manejar la riqueza del pueblo argentino. De allí que la extranjerización de las mismas supone que habrá menos platos de comida en cualquier mesa familiar de cualquier provincia argentina aunque no conozcan el color del agua del Paraná.
Llama la atención el silencio de los gobiernos provinciales vinculados al curso del agua del Paraná. Un silencio bastante parecido a la complicidad.
El aumento del tráfico internacional y de cabotaje traerá aparejado el crecimiento del tránsito de los camiones, profundizando la progresiva devastación del ambiente de ciudades y pueblos portuarios. A lo que habrá que agregar el efecto nocivo sobre flora y fauna ictícola. Hecho que demuestra la impunidad del proceso. Nunca se tuvo en cuenta la flagrante violación a las siete leyes provinciales que prohíben estos emprendimientos si no presentan estudios de impacto ambiental, como tampoco se respetó la ley nacional de ambiente del año 2002. De hecho ninguna repartición del estado, nacional, provincial o universitaria debe contar con la información sobre el curso y lecho del Paraná como si lo tiene la Jan De Nul.
De tal forma, la extranjerización del Paraná implicará un mayor empobrecimiento de nuestro pueblo. Porque si la Aduana Argentina y la Prefectura siguen las directivas del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos y su socia menor, la DEA, serán las declaraciones juradas de las multinacionales que manejan la mayoría de los más de setenta puertos establecidos en las siete provincias atravesadas por el Paraná las que impongan los números de los embarques y desembarcos.
Habrá una consolidación de estado bobo y cómplice. Colonización del estado a favor de los intereses extranjeros y por ende, menor cantidad de dinero para el pueblo argentino.
El pliego dice que el incremento será de un 38,1 por ciento del tráfico internacional, cifra que incluirá a los negocios legales e ilegales.
A partir del 24 de abril de 1978, cuando las dictaduras de Videla en Argentina y Banzer en Bolivia decidieron iniciar los embarques de cocaína desde el puerto de Rosario al resto del mundo, los paraguayos definen a esta parte del negocio internacional como la hidrovía de la cocaína.
El cambio de gobierno en Bolivia volvió a colocar a la DEA como la reguladora de los carteles latinoamericanos y por eso en los últimos cuatro meses aparecieron noticias del derribo de aviones con media tonelada de cocaína como consecuencia de la regulación de organizaciones a las que se les permitirá sacar su mercadería por el Paraná con el apoyo logístico de las bandas narcopoliciales existentes en las distintas provincias. Es de suponer, entonces, que vendrán nuevas luchas territoriales para adecuarse a las decisiones que tome la DEA en relación a la nueva configuración del flujo de exportaciones a través del Paraná.
Los títeres ya están en el escenario.
Los titiriteros empezarán a disfrutar su planificación.
El pueblo argentino exportará cada vez más y cada vez será más pobre.
Esto implica la reprivatización del Paraná.
En tiempos mundialistas, mientras en la cancha chica del fútbol crecen las ilusiones, en la cancha grande de la realidad las mayorías pierden por goleada.
*Periodista de investigación, diputado de la provincia de Santa Fe, Frente Amplio por la Soberanía
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