Chubut: la Policía formada para perseguir piqueteros

“Las canciones son parte del folclore de todos los grupos. ¿Ustedes saben lo que es un piquetero? Para mí un piquetero es aquella persona que corta una ruta total o parcial y no deja que ustedes puedan gozar de esa libertad que les da la Constitución Nacional. El Código Penal tiene un artículo que establece que el ejercicio del piquete es un delito, y aquel que comete un delito es un delincuente. Y si sos un delincuente deberías estar preocupado, porque para eso se está capacitando nuestra Policía. Se naturalizó tanto todo esto. Yo no me meto con la protesta social, pero una cosa es manifestarse y otra cometer un ilícito".

Con estas palabras el ministro de Seguridad de la provincia de Chubut, Federico Massoni, hizo alusión a las filmaciones con cantos estigmatizantes que recientemente tomaron estado público, en las que se ve a un grupo de efectivos del Cuerpo de Guardia de Infantería de la Policía provincial, decir: “Piquetero, ten cuidado, que la noche es muy oscura y a tu villa voy a entrar” (sic).  

Al cruce salió el Ministerio de Seguridad de la Nación, con la ministra Sabina Frederic y el secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks, mediante una nota al gobierno chubutense de Mariano Arcioni, expresando su preocupación ante una situación que “transmite un mensaje absolutamente opuesto a una política de seguridad democrática y al respeto de los Derechos Humanos”.   

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Ahora bien: ¿Cuánto hace que en la provincia de Chubut no se respetan los derechos humanos? ¿Cuántos casos de asesinatos, persecuciones, hostigamiento y violencia institucional hubo en los últimos tiempos? 

¿Quiénes resisten en el territorio? ¿Quiénes son los “ciudadanos de bien”, a quiénes dice proteger el candidato a senador nacional de las próximas elecciones, Federico Massoni, cuando habla de cambiar la edad de inimputabilidad porque la delincuencia es “estructural”, porque los pibes que roban se les ríen en la cara y se “divierten”? 

¿Cuánto poder de acción real tiene la cúpula policial de la provincia de Chubut, con los hermanos Gómez a la cabeza? ¿Por qué en lugar de ayudar a reconstruir la Comarca Andina tras el desastre que ocasionaron los incendios, las fuerzas policiales se ocupan de hacer relevamientos invasivos para identificar a comunidades enteras que luchan por un pedazo de tierra? ¿Quién es el enemigo? 

Para Mariela Flores Torres, de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia, lo que se ve en el video “es un mensaje claro de ideología y adoctrinamiento”. “Acá hablan de piqueteros pero en otras ocasiones fueron los pueblos originarios, los pibes de los barrios o el extranjero. Otra muestra más de que violan derechos y hacen apologías de terrorismo de Estado en una democracia bastante condicionada. Federico Massoni y su policía, dirigida por el clan de los Gómez (el jefe de la policía, Miguel Gómez, su hermano Paulino Gómez, Director de Seguridad, y el subjefe de la policía, Néstor “El Tero” Gómez Ocampo); son conocidos por sus prontuarios terribles”. 

Mariela nos cuenta más acerca de la sociedad de los Gómez: 

“Miguel Gómez hizo declaraciones por ese video que trascendió, dice que el agente que subió eso a la página oficial de la policía ha cometido un error; pero en ningún momento se retracta por lo que dicen, por ese mensaje mafioso. Por el contrario manifiesta que es algo interno, un mecanismo que se usa para darle ánimo y que tenga alta la moral el policía que se está formando. Es una perspectiva abusiva y represiva. El hermano de Gómez, en el marco de la pandemia, fue protagonista de un audio donde le habla a un subordinado suyo ordenándole que salga a meter gente en cana porque sí. Puso a disposición su renuncia pero Massoni no la aceptó y lo ratificó porque entendió que era un lenguaje de comunicación interna entre oficiales y suboficiales. Es también quien dirigió en mayo el operativo de desalojo –violento e ilegal- del corte de la ruta 3 -donde Massoni no tiene jurisdicción, y donde estaba la Gendarmería controlando-, cuando militantes reclamaban para evitar que se lleve adelante el proyecto de megaminería. Esto tuvo un apoyo muy grande de la población, pero no importó: los desalojaron de manera violenta, durante la noche. Pasó lo que dice la estrofa de lo que cantan. No disimulan de ninguna manera su formación basada en la violencia hacia amplios sectores, principalmente los más vulnerables”. 

“Es un discurso casi nazi, de odio, que justifica las prácticas violentas. Tratan a todo lo que es popular, como delincuencia –considera Patricia Berra, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos región Patagonia-. Utilizan prácticas propias de la dictadura como autos sin patentes, oficiales sin identificación, detenciones arbitrarias, judicialización de la protesta. La violencia policial es sólo una cara de la violencia estatal. Una cara necesaria para justificar políticas de ajuste que benefician a unos pocos, como el negocio de la megaminería”.

En Chubut los abusos y las violencias por parte de la Policía no son noticia. El caso de desaparición forzada de Iván Torres aparece como hito. Aquel 3 de octubre de 2003 fue la última vez que alguien vio con vida al joven de 24 años, detenido por la Policía de Comodoro Rivadavia y depositado en un calabozo, donde lo golpearon y no se supo más. El caso de Santiago Maldonado, en 2017, en la Pu Lof de Cushamen, y la reciente muerte de Martín Alejandro "Tino" John, por parte del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), el 27 de mayo; son corolarios de la doctrina del odio. 

Resoluciones que excedían los decretos presidenciales respecto a las restricciones por pandemia y arrestos arbitrarios, se suman al repertorio de la Policía de Massoni. En abril de este año distintas organizaciones de Derechos Humanos -junto a la Defensoría Pública provincial y la Secretaría de Derechos Humanos de La Nación- presentaron un Habeas corpus colectivo donde se instó a la Policía de Chubut a ajustar el protocolo de intervención y sumarse a las medidas del Ministerio de Seguridad nacional, sin violar derechos. Además de propiciar el encuentro y el diálogo con los colectivos de DD.HH. 

“Nada de eso ocurrió. Por el contrario se profundizaron las acciones claramente dirigidas a un enemigo interno”, dice Mariela Flores Torres. “La situación es realmente grave, vivimos en un Estado donde reina la impunidad y no hay garantías constitucionales para nadie. Es lamentable la catalepsia política que sufrimos”. 

Contextualiza: “Chubut siempre fue tristemente reconocido por ser territorio nacional de los derechos violados porque tenemos desaparecidos y persecución a luchadores y luchadoras de los pueblos originarios, como Facundo Jones Huala y Moira Millán. En este último año podemos destacar el constante hostigamiento y persecución a las y los luchadores socioambientales, la criminalización de quienes sufrieron los incendios intencionales en la cordillera. En su jerga fascista fueron a ver si eran extranjeros los que estaban ocupando terrenos”. 

Y agrega: “Massoni utiliza el cargo de funcionario público para hacer proselitismo entre las filas de la policía y producir distintas formas de adoctrinamiento fascista, anti derechos, con apologías de terrorismo de Estado. Esto es ampliado por sectores conservadores y de derecha. Y eso lo fortalece. Si nosotros consideramos que hay más de cinco mil efectivos, hay un voto que están buscando. Pero Massoni es muy cuestionado por su desempeño. Hay pedidos de informes desde la Legislatura de la provincia, desde el Ministerio de Seguridad Nación, organismos como Amnistía Internacional, el CELS. En el último año de pandemia hubo más de 140 organizaciones de derechos humanos que pidieron la renuncia del ministro por el abuso de poder, respaldado por el gobernador Arcioni”.

Con la muerte de Tino John, vecino del Hoyo con un padecimiento de salud mental, organismos sociales y de derechos humanos –APDH Chubut, Liga Argentina, Movimiento Ecuménico, La Minka, Comisión contra la Impunidad y por la Justicia, CELS, entre otros-; entendieron que había que ponerle un freno a esta situación. Los primeros días de junio se reunieron con el secretario de derechos humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, para denunciar lo que está pasando en la provincia.