Un nuevo capítulo de la campaña antimapuche

por Roxana Sposaro
Fotos: Roxana Sposaro
26 de febrero de 2023

Los principales diarios insisten con “la violencia mapuche”, califican a los territorios ancestrales como “zona usurpada” y hasta apuntan contra la comunidad lof Paillako acusando a uno de sus miembros de ocasionar los incendios en el Parque Nacional Los Alerces. ¿Cuál es el objetivo de este nuevo ataque al pueblo mapuche? ¿Un consenso social más ampliio para un nuevo desalojo violento? Los incendios y las redes

Cuando hay incendios en la cordillera patagónica las comunidades mapuche tehuelches activan redes de contención y asistencia para ayudarse entre sí y aminorar el riesgo de ser alcanzadas por el fuego. Estos dispositivos informales no reciben, ni reclaman, ningún tipo de apoyo estatal o empresarial. 

Vecines solidarios de esas zonas colaboran poniendo a disposición vehículos, donaciones de agua y alimentos, pero sobre todo elementos para desmalezar y realizar cortafuegos que eviten que el mismo se siga propagando. Picos, palas, motosierras y machetes son herramientas básicas para estas tareas y parte del cotidiano de cualquier persona que habita en zonas donde los incendios son recurrentes. Muchas veces las condiciones físicas de estos territorios de montaña sólo permiten llegar caminando, por lo tanto, son los más jóvenes quienes realizan los recorridos de mayor dificultad para asistir a los pobladores.

En este contexto, dos mujeres mapuche denuncian haber sido víctimas de abuso policial y  violencia de género, cuando pretendían llegar al lugar para llevar ayuda a las víctimas del incendio. 
El 7 de febrero el incendio estaba fuera de control. Paulina y Rayintui, dos jóvenes mujeres de la Lof Pillan Mahuiza, fueron las encargadas de llevar la ayuda a la comunidad y a personas que estaban trabajando en el  territorio. Lo hicieron por un camino vecinal. Una subida por bosque nativo y pinos implantados.

Estábamos caminando por ese camino vecinal que pertenece a jurisdicción de Parques Nacionales, cuando pasamos el arroyo escuchamos el sonido de una camioneta. Frente a esa sensación de peligro nos corremos del camino y nos metemos por un sendero. Sabemos que es un lugar que está en conflicto por las tierras, pero no estábamos haciendo nada malo”, relata una de ellas. 

“Se bajan por atrás de esa misma camioneta el jefe de la comisaria de Trevelin, Reinaldo González, Y  el sargento Díaz. Mientras Manuel Flores (empleado de los terratenientes) nos filamaba,  con la autorización del comisario, quien mencionaba nuestros datos en voz alta exponiéndonos. Los policías nos gritaban, y no nos permitieron filmar la situación, nos obligaron a borrar el video. Cada vez se ponían más violentos. A tal punto que Ñancucheo (también empleado de los terratenientes)  nos amenazó con un cuchillo y Flores con un rebenque: tenía su rebenque en la mano, se reía, nos decía que nos iba a rebenquear”. 

Eso es lo que sucedió el 7 de febrero en el camino comunal mientras dos mujeres iban en busca de ayuda. Pero qué dijeron los medios hegemónicos sobre el hecho: “Acusan a empleados del ministerio de Seguridad de apoyar tomas mapuches en Chubut”, tituló Clarín esta semana. 

Así arman la ficción: "La policía provincial descubrió a dos jóvenes que se dirigían a una zona usurpada. Alegaron que respondían a la cartera de Aníbal Fernández y las tuvieron que dejar en libertad".
Los medios hegemónicos eligen no escuchar al pueblo mapuche, eligen de qué lado posicionarse. Así son. Así se manejan. 

La violencia mapuche y el relato de un productor agropecuario: “Es desproporcional la lucha que estamos dando, estamos realmente solos”, publica Infobae el 23 de febrero de 2023. Así instalan el tema, hablan de violencia, usurpación y falsos mapuche. Cuentan una sola campana: la de los terratenientes y sus empleados. La ecuación es siempre la misma, el pueblo mapuche es un enemigo al que hay que desalojar, a cualquier precio. 

 
En busca del enemigo interno

El hostigamiento de siempre es hacia el pueblo mapuche. Isabel Catriman y su hija Gloria Colihueque han denunciado en diferentes ocasiones las amenazas, amedrentamientos en particular hacia mujeres, por parte de Flores y Ñancucheo, empleados de empresarios que se encuentran en conflicto con la comunidad que denuncia la compra fraudulenta de parte de territorios que tenían el estatus de terrenos fiscales, atravesados por intereses especulativos e inmobiliarios.

Lo mismo pasó con los miembros del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), quienes realizaron un elevamiento territorial, y sufrieron hostigamientos en la zona para impedir el paso. Isabel y Gregorio son dos habitantes de la Lof Catriman Colihueque. Ellos estuvieron muy cerca del fuego que se inició el 4 de febrero en Laguna Larga, zona lindante al Parque Nacional Los Alerces. En esos días miembros de Gendarmería se acercaron para evacuarlos, como ya lo habían hecho con otras familias, pero esta vez ellos no quisieron. Isabel, con sus 81 años, decidió quedarse para proteger el territorio. Ya había sido víctima del incendio de 2008 cuando evacuó y el fuego arrasó con todos sus animales, huerta y rewe. Fueron muchos años de esfuerzo para poder reconstruir lo que había perdido.

A fines de enero de este año Isabel recibió al equipo técnico operativo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), quienes realizaron el relevamiento territorial. Esta tarea prevista en el marco que estipula la ley 26.160 -y publicada con antelación en la página oficial del gobierno de Chubut- no fue fácil. Los profesionales del INAI sufrieron hostigamientos durante su realización, debido a la disputa instalada sobre esos territorios.

“Un masculino que dijo llamarse Manuel Flores nos cerró el paso increpándonos de haber ingresado al predio a escondidas sin autorización, dado que el mismo se trataba de propiedad privada, exigiendo nuestros datos personales, tomando fotos de cada uno de nosotros y de la camioneta en la que circulábamos”; así lo relató un miembro del INAI tras la exposición que presentó en la comisaria seccional 1°, de la Ciudad de Esquel, el 26 de enero.

El episodio culmina con la llegada de integrantes de Gendarmería, quienes indican al personal policial y civiles que las acompañaban que ya se podían retirar, según las declaraciones de las mujeres, que agregan: “El gendarme se acerca y nos cuenta que esa persona (Flores) era muy violenta y que estaban teniendo muchos conflictos con él”.


La lucha contra los fuegos 

 

Paulina y Rayintui denuncian, pero también hacen visible como se organizan las comunidades ante los incendios. Brigadistas forestales arriesgando su vida a la par del reclamo ante los bajos salarios, precarización, falta de elementos y que su trabajo se reconozca como insalubre.

Videos que circulan en diferentes medios y redes sociales, donde se puede ver a funcionarios policiales de Chubut trasladarse en vehículos particulares, junto a empleados de empresarios, demorando mujeres por transitar un camino vecinal con frutas y palas para ayudar una comunidad acechada por el incendio, dan cuenta del nivel de racismo y discriminación que se constata en la disputa por los  territorios, y que exige una regularización que se dilata en el tiempo, y centralmente el reconocimiento de derechos. 

En un escenario en donde a la lucha por el territorio se le suma la lucha contra el fuego, las desigualdades que sufren las comunidades indígenas que habitan el lugar se hace más notable. No sólo que se encuentran abandonadas a su suerte por la desprotección que sufren diariamente, sino que también se ven doblemente victimizadas cuando deben sufrir la violencia de quienes, otra vez, quieren despojarlas de su identidad, del lugar en donde viven, de su dignidad como pueblos.

Mientras tanto, el despliegue mediático del aparato de desinformación hegemónico, desvía el foco y apunta contra quienes vienen resistiendo las prácticas de despojo hace años.