Las voces de la tierra en contra del despojo
por Gioia ClaroFotos: Rodrigo Ruiz
28 de septiembre de 2026
Desde la Puna jujeña hasta la Patagonia austral, los pueblos originarios sufren el avance del extractivismo acelerado por las políticas de Milei. Una conferencia de prensa internacional expuso el riesgo que corren los territorios de unas 1.300 comunidades.
Noelia Wenumil, mujer mapuche, vive con miedo dentro de su propia ruka (casa). No es una figura retórica: lo dice ella misma, con la voz quebrada, en medio de una conferencia de prensa internacional donde referentes de pueblos originarios de distintas partes el país denunciaron una “crisis humanitaria”. “Tener que vivir en tu propia ruka pensando que puede venir una orden de desalojo es difícil”, expresa la referenta de la Lof Melo, ubicada en la zona cordillerana sobre un brazo del lago Nahuel Huapi, en Neuquén. Sobre su comunidad pesa una orden de desalojo requerida por un privado de origen belga.
A dos mil kilómetros de distancia, Florencia Solís, integrante de la Comunidad Puya Puya, de Rodeo, en plena Puna jujeña, describe la misma maquinaria con otras palabras: “Aparte de saquear nuestros recursos naturales, es una perversidad lo que está haciendo el Gobierno, sacando a nuestros hermanos, despojando, desalojando de sus territorios, mandando Policía, Gendarmería y máquinas para destrozar los hogares donde viven desde los tiempos de sus abuelas y abuelos y sin respetar a los niños, ancianos ni personas jóvenes”.
A pesar de la distancia geográfica entre las comunidades del norte y el sur, existen intereses privados y estatales comunes detrás de cada intento de desalojo. En la Patagonia, el arribo de empresas tecnológicas busca emplazar gigantescos centros de datos (data centers) que requieren vastas extensiones y climas fríos para refrigerar sus servidores. En el Noroeste, se firman acuerdos con el Gobierno de Estados Unidos para proveer los minerales “críticos” y “raros” que reposan en los territorios. A esto se suma la expansión constante de la frontera agrícola para el monocultivo de soja y los emprendimientos inmobiliarios que avanzan sobre los ecosistemas que son el sustento y la cultura de los pueblos.
Esta embestida se despliega sobre la negación sistemática del Estado hacia el reconocimiento pleno de los derechos indígenas, especialmente el derecho a disponer de los territorios que habitan, al no contar con la titularidad de sus tierras. Al incumplimiento del Convenio 169 de la OIT y de los derechos consagrados en la Constitución Nacional –que exigen regularizar el dominio territorial de las más de 1.600 comunidades y aplicar la Consulta Previa, Libre e Informada– se suma el avance del Gobierno de Javier Milei con marcos legales extractivistas como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado tras la caída de la Ley de emergencia territorial (26.160), que servía de paraguas legal para las comunidades.
Un encuentro virtual internacional, organizado por el movimiento Pluridiversidad Indígena Puelmapu, reunió a autoridades de las etnias kolla, wichi, guaraní, mapuche y mapuche-tehuelche, quienes alertaron que este nuevo escenario pretende expulsar a unas 1.300 comunidades en la Argentina, criminalizando a sus autoridades ancestrales. Como sentenciaron en su documento convocante: “La argentinidad desconoce estos hechos porque los grandes medios de comunicación responden a los intereses de los usurpadores y también porque hay una complicidad social cimentada desde el racismo y la indolencia”.
Crédito: Denali DeGraf.
Propiedad privada vs. privados de propiedad
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Desde Neuquén, entre San Carlos de Bariloche y Villa La Angostura, las Lof Kinxikew y Melo dan cuenta de la asfixia territorial que sufren a manos de privados. “Nosotros desde el año 2011 hemos hecho un acto de reivindicación del territorio donde habitamos con antecedentes, al menos, desde 1680. Muchas de nuestras familias fueron el proletariado de todos estos oligarcas que vinieron de distintas partes del mundo, que aportaron y financiaron la campaña de genocidio hacia el pueblo mapuche. A quienes aportaron ese financiamiento, también el presidente Roca les otorgó títulos de propiedad donde nosotros habitamos”, explica Amancay Kinxikew, lonko (autoridad) de la Lof Kinxikew.
Amancay recuerda que desde 1870, las vidas de sus familias cambiaron para siempre: “Hemos sabido resistir, nuestros abuelos tuvieron que callarse, muchas veces tuvieron que negar su identidad solo para poder proteger a sus hijos y a sus nietos. De allí venimos nosotros, somos cuarta generación de esa familia que tuvo que vivir el horror, el despojo, el maltrato y la humillación”. La historia sumó un nuevo capítulo en los años 70, durante la dictadura cívico-eclesiástico-militar, cuando se entregaron nuevos títulos cerrando los pasos de trashumancia donde los animales invernaban cerca del agua.
Ese cercamiento derivó en ejecuciones violentas: “Desde el 2016 hasta ahora tuvimos ocho intentos de desalojo. Nunca pudieron desalojarnos hasta el 19 de agosto pasado, el día que desalojan a una parte de este resguardo territorial... Desalojaron a tres familias de la comunidad de Kinxikew. Todo fue ilegal, no teníamos acceso a los expedientes, nunca nos dieron la posibilidad de la defensa”, denuncia la lonko. Por tal motivo recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Frente al avance del proyecto de ley de Inviolabilidad de la propiedad privada en el Congreso, advierte: “Si llegan a aprobarlo, lamentablemente están ordenando a los pueblos indígenas de Argentina a que volvamos a someternos a esta campaña que no terminaron, que fue la conquista del desierto. Ellos no sabían que nosotros íbamos a volver a renacer, porque nuestros abuelos tenían la esperanza en sus nietos. Hoy nosotros no nos vamos a callar, vamos a seguir luchando y defendiendo el territorio”.
Por su parte, Noelia Wenumil, de la Lof Melo, se refiere a la disputa geopolítica sobre el agua dulce: “Estamos ubicados sobre un brazo del lago Nahuel Huapi, uno de los lagos más importantes de Argentina. Es una zona periglacial, por eso entendemos el por qué de esta saña para quitarnos el territorio: sabemos que vienen por el agua, por los recursos”. Frente a esto, enfatiza: "Quisieron borrar nuestra historia a través de la documentación, pero no han podido hacerlo a través de nosotros, de nuestros pichiqueches, de nuestros jóvenes, de nuestros ancianos".
A Noelia se le quiebra la voz: “El cuerpo lo ponen los pueblos originarios, las balas las pone el Estado. Por eso me emociono, por eso me quiebro, por eso no puedo evitarlo, pero es importante mostrarnos tal cual somos. Es difícil estar en un resguardo, es difícil tener que vivir con esta amenaza... somos madres, somos esposas, tenemos trabajo en el territorio, animales y emprendimientos que sacar adelante. Solamente pedimos que se cumplan nuestros derechos”.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que debiera velar por el cumplimiento de los derechos consagrados, actúa en estos conflictos como agente deslegitimador. Amancay detalla: “En nuestro caso, el INAI no intervino en nada, absolutamente. Es tristísimo. De hecho, los que nos están denunciando por usurpadores han salido por los medios a decir que ellos sí mantuvieron reuniones con el presidente del INAI, Claudio Avruj, lo que nos parece tremendo cuando ni siquiera a nosotros nos ha atendido”.
Para Mauro Millán, lonko de la Lof Pillán Mahuiza (Chubut), la gravedad de la coyuntura alcanza un punto crítico: “Los Estados latinoamericanos se están convirtiendo progresivamente en Estados tiranos. La vanguardia la comenzó Argentina con la llegada de estos gobiernos que propician la maldad y el odio, experimentando con las sociedades que resistimos en los territorios”. Millán denuncia cómo las garantías democráticas fueron vaciadas por el Gobierno de Milei y cómo se consolida la alianza entre los poderes político, judicial y empresarial para abrirle la puerta a "capitales muy perversos, como son los tecnomagnates belicistas".
“No vivimos tranquilos en los territorios. Permanentemente vemos que hay drones, que hay helicópteros, que hay policías de civil amedrentando, que son la vanguardia de las empresas extractivistas”, alerta Millán y traza un paralelo urgente: “Así como la humanidad tomó conciencia de que se tenía que poner límite a la devastación de la Amazonía, hoy tiene que pensar también que la Patagonia está siendo amenazada. Cuando vemos que están los glaciares en peligro, entendemos que son quienes alimentan de agua no sólo a este territorio, sino al planeta. La propiedad privada jamás estuvo en riesgo; lo que sí siempre estuvo en riesgo es la garantía de vivir en los territorios por parte de los pueblos indígenas”.
Nuevas dimensiones del despojo
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Desde el Noroeste argentino, Estela Maris Molina, de la comunidad Kolla de Iruya (Salta), grafica la magnitud del avance extractivo: “Nosotros acá tenemos casi 44 mineras explotando nuestros territorios, todas con alianzas con capitales extranjeros, argentinos y políticos... zonas donde el litio está degradando y contaminando, impidiendo la vida de nuestras comunidades”. Sobre la devastación hídrica: “En el caso de las mineras en Salinas Grandes, en Lagunas de Huachatoc y en el valle Calchaquí, se está sacando alrededor de 18.680.000 metros cúbicos de agua por mes. Son estadísticas del CONICET: están prácticamente drenando toda nuestra agua empresas inglesas, francesas, chinas, de Corea del Sur e israelíes”.
La pérdida de bosques nativos acompaña esta destrucción: “Salta perdió 15.129 hectáreas de monte en 2025 y otras 11.960 hectáreas en el primer semestre de 2026, tierras indígenas habitadas por las comunidades wichí y qom”. Mientras cerca de 1,8 millones de hectáreas provinciales están en manos extranjeras, existen más de 326 acciones legales paralizadas en la Justicia sin brindar respuesta ni acceso a la información.
Molina expone “otra dimensión del despojo”, vinculada con “las nuevas presiones o bloqueos en nuestros territorios”. Dice: “Presiones estatales como desviarnos el agua para las mineras o los megacultivos de soja, o el cobro de tasas de energía eléctrica exorbitantes que hay que pagar porque no hay otra posibilidad”. A esto se añaden la prohibición de comercializar las verduras cultivadas en la propia tierra, regulaciones que impiden el pastoreo trashumante en la Puna e insólitas prohibiciones ambientales: “Ahí donde ellos desmontaron no podemos reforestar con especies nativas, sino con especies que ellos mismos tienen en nóminas para la explotación maderera”.
Molina concluye: “Nos están acorralando para que voluntariamente, entre comillas, podamos salir de nuestros territorios y ellos puedan decir que 'se fueron'. Nos quieren imponer esto de la subsistencia, cuando en nuestro buen vivir hay alternativas de cultivo y crianza. Es un bloqueo para obligarnos a salir. El poder jurídico no está siendo imparcial”.
Los derechos de la PachaNada
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Ante la ausencia absoluta de canales de diálogo institucional en Jujuy, las integrantes de la Caminata de Warmis (Mujeres de Kollasuyu en defensa de la Pachamama) emprendieron por segunda vez una caminata el pasado 3 de agosto desde Rinconada hacia el Congreso de la Nación en Buenos Aires. Denuncian que la desatención estatal busca fragmentar a las familias vulnerables para inducirlas a aceptar proyectos extractivos bajo promesas de un desarrollo que la realidad territorial desmiente. Florencia Solís es contundente: “La situación que estamos viviendo en la provincia de Jujuy es terrible, aterrorizante, porque concretamente nos violan nuestros derechos como pueblos originarios”.
Solís denuncia la destrucción de ecosistemas vitales en toda la cuenca de Pozuelos –sitio protegido internacionalmente por la Convención Ramsar–, la cuenca de Miraflores y la laguna de Guayazo: “No se está cuidando nada. Todos están sufriendo sequía de agua. Estamos en una extrema vulneración, porque no respetan nada nuestros derechos ni los derechos de la Pachamama”.
A la crisis ambiental se suma el rol de los organismos oficiales que fracturan la organización social: “El INAI no hizo nada. Lo único que trató fue de fraccionar a las comunidades, incluso a una sola comunidad dividir y darle personería jurídica, así sean 2 o 3 personas. Eso pasó en San Salvador de Jujuy. El INAI o la Secretaría de Pueblos Originarios están a favor siempre del Estado y del gobierno. A los pueblos originarios no los atiende nadie”.
A pesar del amedrentamiento, la decisión de permanecer en la tierra ancestral es innegociable. Florencia expresa el sentir de las comunidades productoras: “Nosotras no queremos que nuestros hijos, nuestros nietos vengan a sufrir en las grandes periferias de las ciudades, a drogarse o a robar; queremos seguir viviendo en nuestros territorios y que las generaciones que vienen también sigan viviendo ahí, donde están sus raíces, para que tomen agua pura, limpia y vivan en un ambiente sano”.
Romper los muros del silencio
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El tejido de testimonios expuesto durante la conferencia de prensa reflejó una certeza compartida: las comunidades originarias enfrentan una política sistemática de expulsión, pero también una trama de resistencia plurinacional.
“Tenemos muchas cosas en común, por eso es importante esta unión, que se visibilice y que el mundo entero conozca cuál es la realidad que se está viviendo en Argentina con los más de 50 pueblos originarios”, remarcó Noelia Wenumil. El documento colectivo elevado a los medios concluyó con un pedido directo: “Les pedimos solidaridad periodística, humanitaria hacia un periodismo que abrace la verdad y la justicia. Rompamos los muros de silencio juntos y que se esparza nuestra verdad al mundo”.
Moira Millán, mujer mapuche, interpeló a los periodistas de más de 52 medios internacionales acreditados: “Nos parece imprescindible que ustedes nos ayuden a emplazar en la agenda social global las problemáticas que están atravesando las naciones indígenas en Argentina, porque lamentablemente el poder tiene un blindaje mediático devastador. Creemos que es el principio de algo importante, que es caminar juntos, juntas y juntes en un proceso de no solamente emplazar este tema, sino de que nos acompañen a la restitución de los derechos que han sido lamentablemente derogados en este país”.
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