“La pena de muerte no existe en la Constitución pero sí en los barrios de la Argentina"

por Mariano Pagnucco
11 de mayo de 2018

Hoy comienzan las audiencias en la causa contra seis prefectos acusados de torturas y robo a Iván y Ezequiel, dos jóvenes de la Villa 21-24 militantes de La Poderosa que vivieron una noche de terror en septiembre de 2016.

¿Cómo sería el cuento de Caperucita y el lobo si la historia se situara en un barrio popular del sur porteño en un contexto político donde la mano dura es la norma que rige? Pongamos que el protagonista es un adolescente, Ezequiel, 15 años, vecino de toda la vida de la Villa 21-24 de Barracas, que una noche de primavera va a visitar a su abuelita, y al regresar se topa no con un lobo, sino con una jauría de lobos, que en este caso visten uniformes de la Policía Federal Argentina. Pongamos que los lobos, por uso y costumbre en ese bosque de la periferia a orillas del Riachuelo, le piden identificación a Ezequiel y de paso lo requisan, lo insultan, lo golpean. Y mientras los lobos se divierten con la presa, la historia da un giro.

Por ese camino del bosque pasa en ese momento otro joven, Iván, 18 años, vecino y amigo de toda la vida de Ezequiel, y al ver la situación quiere saber qué pasa. Como los lobos han detectado otra presa, Iván también es requisado, insultado, golpeado. Pongamos que la jauría, excitada por la cacería, llama a más lobos, que en este caso visten uniformes de la Prefectura Naval Argentina, y entonces las presas cambian de garras. Los nuevos lobos cargan a los jóvenes en dos móviles, los llevan a su garita-guarida y los golpes, insultos y maltratos se multiplican. La historia, en este punto, da un giro más tenebroso.

Los amenazaron con prácticas que uno creía que sólo se podían encontrar releyendo en el 'Nunca Más'.

Pongamos que la cercanía del Riachuelo excita aún más a la jauría, entonces esposan, encapuchan y trasladan a las presas hasta un descampado donde hay tierra y basura y olor a podrido. En ese rincón del bosque, a la luz de la luna, los lobos arman su ritual: arrojan a Iván y Ezequiel contra el suelo, los amenazan con tirarlos al Riachuelo, les dan órdenes bajo amenaza (que hagan flexiones de brazos y sentadillas, que recen por sus vidas), los golpean acá y allá con puños, pies y palos, se regodean ante la sangre que empieza a brotar de los cuerpos, los inmovilizan, los amenazan con cuchillo y armas de fuego, les roban celulares, ropas y cadenitas, les dicen que no se preocupen que si los matan nadie va a reclamar por ellos, les dan a elegir dónde quieren el tiro y, finalmente, disparan.

Un tiro pasa cerca de la cara de Ezequiel, que se desmaya, e Iván rompe en llanto y gritos pensando que su amigo estaba muerto, y que seguía él. Minutos más tarde, la historia da un nuevo giro: las presas son liberadas y puestas a correr por sus vidas entre la tierra y la basura.

El final de esta historia de no ficción se va a empezar a escribir hoy, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 dé inicio a las audiencias en el juicio contra seis prefectos acusados de los delitos de "imposición de torturas y robo, agravado por su comisión con arma de fuego (y por la condición de miembros de una fuerza de seguridad) en concurso entre sí". Los procesados son: Leandro Adolfo Antúnez, Orlando Ariel Benítez, Osvaldo Alberto Ertel, Eduardo Sandoval, Yamil Alejandro Marsilli y Ramón Fernando Falcón.

Tiene que existir una condena ejemplar contra estos prefectos, que van a ser los primeros agentes que van a recibir una condena de prisión de cumplimiento efectivo en la gestión de Patricia Bullrich.

El tribunal, compuesto por los jueces Fernando Ramón Ramírez, Ana Dieta de Herrero y Jorge Humberto Gettas, deberá juzgar los hechos sucedidos entre la noche del 24 de septiembre y la madrugada del 25 de septiembre de 2016, unas dos horas que marcaron para siempre las vidas de Roberto Ezequiel Villanueva Moya e Iván Matías Navarro.

 

Más rápido de lo esperado

El caso de Iván y Ezequiel adquirió notoriedad inmediata gracias a que La Poderosa, la organización villera a la que ambos pertenecen, hizo público lo sucedido. Entre las muestras de solidaridad y apoyo que recibieron los chicos hay que mencionar a Norita Cortiñas, el Indio Solari y Dilma Rousseff, entre muchísimas otras personalidades y organizaciones de distintas latitudes.

Nacho Levy, referente de La Poderosa: "La experiencia inaceptable y dramática que debieron vivir Iván y Ezequiel se volvió una bisagra gracias al coraje que ellos tuvieron para poder dar cuenta de una realidad que no es un caso aislado, como intentan decir los funcionarios responsables de las fuerzas de seguridad. El único hecho aislado es poder contarlo, primero porque sobrevivieron, aunque los amenazaron en el medio con prácticas que uno creía que sólo se podían encontrar releyendo en el 'Nunca Más', pero reaparecen en septiembre de 2016, en pleno siglo XXI, a pocos minutos del Obelisco. A pesar de todo lo que vivieron tuvieron el valor de contarlo, hacerlo público, denunciar a los responsables y dar cuenta de una realidad que venimos mostrando desde hace tiempo".

No es un caso aislado, como intentan decir los funcionarios responsables de las fuerzas de seguridad. El único hecho aislado es poder contarlo, porque sobrevivieron.

En el terreno de la opinión pública, el caso tuvo mucha repercusión, ¿pero cómo se logró avanzar para llegar a juicio oral y público en menos de dos años? Agustina Lloret, una de las abogadas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que junto a Florencia Sotelo representan la querella por el lado de Ezequiel, dice: "La etapa de instrucción fue algo completamente fuera de lo común en cuanto a tiempos, empuje, seriedad y rapidez de las medidas de prueba. Hubo mucha dedicación".

 

Un primer episodio precipitó la instrucción de la causa: Iván y Ezequiel se presentaron en la Fiscalía descentralizada de Parque Patricios, Pompeya y La Boca dos días después de los hechos y ahí mismo estaba, vestido de civil, el prefecto Antúnez. Los pibes lo señalaron y el fiscal Marcelo Munilla Lacasa, después de pedirle identificación, lo hizo detener.

 

Enseguida se libró una orden de detención contra el resto de los prefectos que intervinieron aquella noche, y aunque algunos estuvieron prófugos unos días, no pasó mucho tiempo hasta que seis quedaron tras las rejas. Hubo un séptimo prefecto que se presentó a declarar y dijo no haber tenido participación en los hechos (el peritaje de su teléfono demostró que mientras sus compañeros violentaban a Iván y Ezequiel, él estaba chateando con su pareja), por lo que se le dictó la falta de mérito.

No hay antecedentes de jóvenes de barrios humildes, que suelen convivir con la violencia de las fuerzas de seguridad, que hayan llegado a juicio contra la Prefectura.

Desde septiembre de 2016, se mantuvo sobre los detenidos la prisión preventiva pedida por la Fiscalía y a ninguno se le concedió la excarcelación. ¿Cuáles son las expectativas para el juicio? Lloret: "La prueba es muy sólida. El relato de Ivan y Ezequiel aparece corroborado por toda la prueba que se recolectó. Eso hizo también que el fiscal confiara en el relato. Lo primero fue que ellos reconocieron a Antúnez vestido de civil y la Fiscalía dejó constancia en la causa de ese hecho. Nosotros creemos que es un caso muy sólido. Hay un montón de elementos objetivos que corroboran el relato y que son pruebas difíciles de destruir".

 

Un proceso judicial con mensaje político

Por el lado de Iván, la querella la constituyen la abogada Gabriela Carpineti y el abogado Nahuel Berguier. Carpineti aporta: "El testimonio de ellos tiene un enorme valor agregado. Además, hay más de 60 testigos, entre otros agentes de la fuerza de seguridad, peritos, familiares y vecinos". Para la abogada, la decisión que adopten los jueces puede ser también un mensaje para los tiempos políticos que corren en la Argentina: "Es importante construir un escenario para que al tribunal no le quede ninguna duda que tiene que existir una condena ejemplar contra estos prefectos, que van a ser los primeros agentes que van a recibir una condena de prisión de cumplimiento efectivo en la gestión de Patricia Bullrich. Esto tiene mucha importancia política".

Ahora directamente hay una bajada de línea, un protocolo de la ilegalidad para ejercer en el territorio la mano dura y la pena de muerte que no pueden sacar en el Congreso. 

Las condenas por los delitos que se les imputan a los prefectos pueden llegar hasta los 25 años de cárcel. ¿Qué efecto puede provocar un fallo favorable a Iván y Ezequiel? Carpineti: "Esperemos que este mensaje llegue a los oídos y al corazón de la ministra Bullrich, para que haga una autocrítica profunda respecto del accionar de las fuerzas de seguridad que ella dirige. Sería un mensaje muy fuerte hacia los subordinados, y también hacia la conducción política de la fuerza, que son Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Tener seis prefectos condenados en dos años y medio de gestión, es un mensaje que la Justicia argentina debería dar, y también sería bueno que demuestre independencia: deberían mostrar independencia judicial con respecto al poder político y custodia de las garantías y las libertades".

 

Durante la instrucción de la causa, que recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 42  a cargo de la jueza María Gabriela Lanz, hubo peritajes balísticos, de cámaras de seguridad que demuestran lo que los jóvenes contaron, del GPS de los móviles donde está registrado el recorrido que ellos dicen que hicieron y también pruebas médicas por las lesiones que sufrieron. Durante la etapa de juicio que comienza este viernes 11 de mayo, la acusación de la Fiscalía será llevada adelante por la Dra. Ana Helena Díaz Cano.

 

La organización hace la diferencia

Miles de pibes y pibas de los barrios populares como la Villa 21-24, a los que el Estado les da la espalda en cuestiones básicas como la urbanización, nacen y se crían habituados a la precariedad en sus condiciones de vida, y a eso hay que sumar el maltrato y el abuso de poder cotidianos de las fuerzas de seguridad. Para Carpineti, que además es docente en una escuela de la Villa 21-24, este caso pone de relieve dos factores: "La violencia institucional es causal de vulnerabilidad habitacional y viceversa: la vulnerabilidad habitacional es causal de violencia institucional. Hay un círculo vicioso, perverso y dialéctico entre la violencia institucional y la vulnerabilidad habitacional".

Naciones Unidas está señalando que el principal factor de inseguridad que tenemos en los barrios son las fuerzas de seguridad.

El caso de Iván y Ezequiel es un emergente entre muchos otros que no salen a la luz. Lloret: "Es importante lo que va a suceder con este juicio. No hay antecedentes de jóvenes de barrios humildes, que suelen convivir con la violencia de las fuerzas de seguridad, que hayan llegado a juicio contra la Prefectura. Ni tampoco que el proceso judicial haya sido tan rápido; es absolutamente atípico. Nosotros no tenemos dudas de que esto se logró por toda la visibilidad que le dio La Poderosa". Carpineti refuerza esta idea: "La organización popular es fundamental, por su capacidad de influir comunicacional y judicialmente con relación a este hecho. Este juicio oral es la posibilidad de hacer visibles a un montón de hechos de violencia institucional que son invisibilizados. Es clave la organización popular en los barrios populares, porque no deja que avance la impunidad ni la violencia institucional".

 

Según Carpineti, este caso y este juicio representan, además, un "cambio de paradigma" con respecto a la agenda de Derechos Humanos: "Que estas consignas sean reapropiadas por los trabajadores significa que la problemática de los Derechos Humanos no es algo que solamente está en los instrumentos internacionales del Derecho, ni es algo que figura solamente en la Constitución, ni tampoco algo manipulable solamente por expertos o por organismos especializados, sino que es algo reapropiado por jóvenes trabajadores y trabajadoras y por organizaciones populares genuinas que los representan, como La Poderosa".

 

Un eco internacional poderoso

La organización villera, que trabaja en barrios populares de todo el país y edita periódicamente la revista La Garganta Poderosa, viene marcando desde hace rato la agenda mediática con la exigencia de justicia para los casos de represión estatal, sumada al "control popular a las fuerzas de seguridad", una iniciativa que cobró impulso tras el asesinato de Kevin Benega, un niño de 9 años baleado en la villa Zavaleta en 2013 a raíz de un tiroteo frente a su casa, donde la misma Prefectura que hoy está en el banquillo de los acusados liberó la zona.

No es posible investigar a Prefectura de la mano de Gendarmería ni investigar a Gendarmería de la mano de la Policía Federal. Necesitamos una entidad autárquica que controle el accionar de las fuerzas de seguridad que administran el delito en los barrios.

Dice Nacho: "Ese control popular nos permite confirmar con datos y denuncias bien precisas que la situación se ha ido agravando en los barrios, que si antes tenían luz verde para hacer lo que quisieran, ahora directamente hay una bajada de línea, un protocolo de la ilegalidad para ejercer en el territorio la mano dura y la pena de muerte que no pueden sacar en el Congreso. La pena de muerte no existe en la Constitución pero sí existe en los barrios de la Argentina".

 

Por estas horas, en las vísperas del juicio por el caso de Iván y Ezequiel, los propios integrantes de La Poderosa van a llevar al Parlamento Europeo sus denuncias por la sistemática violación a los Derechos Humanos que comete el Estado argentino contra los sectores más vulnerables. Nacho: "Naciones Unidas está señalando que el principal factor de inseguridad que tenemos en los barrios son las fuerzas de seguridad. No puede ser que si hay un fiscal con la suficiente valentía y voluntad para inferir que las fuerzas cometieron un delito, tenga que entrar al barrio de la mano de esas mismas fuerzas. No es posible investigar a Prefectura de la mano de Gendarmería ni investigar a Gendarmería de la mano de la Policía Federal. Nosotros necesitamos una entidad autárquica que controle el accionar de las fuerzas de seguridad que administran el delito en los barrios". ¿Qué esperan de este juicio? "Nos parece que esa bisagra que marcaron Iván y Ezequiel tiene que volverse un proyecto de ley para que 'Nunca Más' sea nunca más".

 

Así como en la antigüedad las historias de Caperucitas y lobos servían para advertir a los niños sobre los riesgos del entorno social, es probable que un fallo ejemplar en este caso sirva para echar luz sobre los lobos vestidos de uniforme que se multiplican por los barrios argentinos bajo la excusa de cuidarnos.

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