El Gobierno de la Ciudad alude una "baja de matrícula" y avanza con otro recorte en la educación pública, sobre todo en escuelas de jornada simple. Las familias se organizan y docentes advierten que la medida atenta contra el derecho a aprender en condiciones dignas.
Poquito a poco, sin que asome en los medios, en las redes o en la agenda pública, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, impulsa el cierre de aulas en las escuelas porteñas. El argumento oficial, en voz de la ministra de Educación porteña Mercedes Miguel, apunta a una supuesta “baja en la matrícula”, desmentida por las escuelas.
La medida se enmarca en una estrategia que ya lleva tiempo: el llamado “cierre por goteo”, que consiste en vaciar gradualmente sectores clave para luego justificar reformas más profundas. En CABA, este modelo se tradujo en políticas como “Buenos Aires Aprende”, que derivó en la reducción de programas, personal y recursos.
Ahora, avanzan con la transformación de varias escuelas de jornada simple a jornada completa. En los papeles, la medida busca mejorar las trayectorias escolares, pero en la práctica reduce la cantidad de grados y desatiende las realidades familiares.
La escuela se defiende en comunidad
Julian es miembro de la Cooperadora Mafalda, de la Escuela Nº 13 Raúl Scalabrini Ortíz, y cuenta cómo el Gobierno porteño intentó cerrar grados en esa institución: “Nos enteramos en la cooperadora, en diálogo con la conducción. Previamente ya habían cerrado un preescolar del jardín contiguo, Las Glicinas, desde donde por lo general lxs chicxs pasan a la primaria. Tanto el año pasado como este realizamos abrazos a la escuela cuando supimos que pretendían cerrar dos primeros grados. El resultado fue inmediato, ese mismo día nos notificaron que no se iban a cerrar. Hay otras escuelas que también lograron revertir la decisión, pero muchas no tuvieron la misma suerte. Es una lucha constante y demandante”.
El cierre de grados se presenta como una continuidad del desfinanciamiento estructural que atraviesa a la educación pública en la Ciudad. “Para dar un ejemplo, la cooperadora cubre casi el 90% de los gastos de la escuela, sin contar los sueldos”, explica Julián. El Fondo Único Descentralizado de Educación, que el GCBA otorga a las cooperadoras, fue este 2025 de 4.800.000 pesos. Con una matrícula de casi 600 alumnxs, da apenas ocho mil pesos por cada uno.
Las autoridades esgrimen como argumento ante las distintas medidas que se trata de una respuesta ante la “baja matrícula", pero desde la Escuela Nº 13 afirman que es una falacia. “El cierre de grados es lisa y llanamente menos inversión en la escuela pública. En vez de aprovechar una baja en la matrícula para mejorar las condiciones educativas, el GCBA ajusta. Esto implica más chicos y chicas por grado, pone en riesgo puestos de trabajo docente y deteriora la calidad educativa. Es una excusa para cerrar grados mientras se siguen financiando las escuelas privadas. Es un ataque a la educación pública.”
El panorama que ven no es alentador, pero las familias y trabajadores siguen peleando para que no se realice un cierre total. “Cada año hacen la misma avanzada, y hay comunidades que no logran resistir y sufren el cierre de grados o incluso de la escuela entera. En nuestro caso, resistimos este intento, pero los cierres son una constante en toda la Ciudad”, asegura Julián. Y concluye: “Desde la Cooperadora Mafalda repudiamos la pérdida de puestos de trabajo y todo recorte que vaya en desmedro del acceso a una educación pública gratuita y de calidad”.
La falta de vacantes
La decisión de cerrar grados también golpea a las familias. Detrás de cada aula que se pierde, hay madres y padres que enfrentan la incertidumbre de no saber dónde sus hijos podrán estudiar. La falta de vacantes se vuelve una herramienta más dentro de la política de desfinanciamiento. Elizabeth, mamá de la Escuela Nº 16 Fray Justo Santa María de Oro, lo vive en carne propia.
“Yo empecé en 2019 a buscar un maternal para mi hijo, pero siempre quedaba en lista de espera. Empecé en los Centros de Primera Infancia, pero no están bajo el Ministerio de Educación, entonces están totalmente precarizados. Te obligan a ir a la privada, te cierran todas las posibilidades que podés tener”, cuenta.
La situación la llevó, junto a más de cien familias, a presentar un amparo colectivo para reclamar el derecho a la vacante. “Muchos conseguimos, otros no. Quedaron en lista de espera. La que conseguí quedaba re lejos de mi casa y era de jornada simple, cuando necesitaba que fuera completa. Pero no quedaba otra.”
El mismo gobierno que niega vacantes impulsa el cierre de grados y la conversión forzada de escuelas a jornada completa, incluso cuando los edificios o los propios alumnos no están preparados para ese cambio. “La jornada completa muchos chicos no la resisten. Muchas escuelas tampoco están aptas para hacer ese cambio. Mi hijo iba a jornada completa el año pasado en otra escuela, y empezó a tener problemas, no aguantaba tantas horas y no aprendía. Desde el Ministerio me recomendaron que lo pase a esta escuela que es de jornada simple y ahora la quieren cerrar. Mientras, en otras escuelas extienden la jornada que a mi me recomendaron dejar.”
Cuando creyó haber encontrado una escuela para que su hijo se formara, se encontró con una nueva amenaza: el cierre. La comunidad educativa se enteró de la decisión en una reunión oficial. “El 22 de agosto, cuando vinieron Rodrigo Stanczak y Nancy Sorfo, la directora de Educación Nacional, nos dijeron que querían cerrar la escuela para el 2026. Firmamos un acta porque nos dijeron que la escuela es el lugar más próximo que tienen para mudar la escuela media de Argentinos Juniors. Por ahora hicimos varios semaforazos, pero no tenemos novedades”, relata Elizabeth.
Aun así, la respuesta fue clara. Quieren defender el derecho a la educación pública y el arraigo barrial. “Las escuelas públicas son de la comuna, hay que defenderlas como a todo y lo vamos a seguir haciendo”, afirma.
Las comunidades resisten
El trasfondo de estas políticas es claro: una educación pública cada vez más debilitada, donde las decisiones se toman sin contemplar la voz de quienes habitan la escuela todos los días.
Detrás de cada cifra oficial hay nombres, recorridos y luchas. Las familias que hacen de todo por una vacante, los docentes que arman clases con lo que tienen, las cooperadoras que juntan fondos para reparar lo que el Estado no cubre. En cada cierre anunciado, las comunidades encuentran un motivo más para organizarse, porque saben que defender la escuela pública es también defender el derecho a imaginar un futuro distinto.
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