Dai, la jugadora eterna
Gana millones pero no invierte en medidas de seguridad para sus empleados. Detrás de la explosión en la cerealera Cofco, que causó dos muertes, hay un sinfín de irregularidades que no cuenta nadie: evasión fiscal, agrotóxicos y un Estado cómplice.
El reloj marcaba las 13.30.
El calor se hacía sentir y nada parecía poder sacudir la siesta de una localidad pequeña: Puerto General San Martin. Ubicada en el sur de la Provincia de Santa Fe, forma parte del Departamento San Lorenzo. Allí, a menos de 30 kilómetros de Rosario, a la vera del río Paraná, muchas empresas multinacionales fabricaron puertos privados desde donde sacan sus producciones –sobre todo agropecuarias- evadiendo tributos al fisco.
El miércoles 27 de diciembre, a las 13.30, un fuerte estallido hizo temblar el piso y sacudir las bajas casas de esa localidad. Columnas de humo negro y gris modificaron la abulia ciudadana. En pocos minutos se sabía que una explosión se había producido en la “ex Nidera”, la planta cerealera Cofco.
Las imágenes eran dantescas: heridos, quemados y dos víctimas fatales que se hubieran podido evitar si la empresa, con una facturación anual millonaria, habría invertido en medidas de seguridad para sus empleados. También, si el Estado, que ya recibió denuncias por las malas condiciones de trabajo, hubiera intervenido.
Domingo Ramón Giménez, de 61 años, era operario. Murió prácticamente enseguida de la explosión. Juan Carlos Castillo, de 42, falleció hace pocas horas en el sanatorio Británico, donde estaba internado. Además, hay más de 20 trabajadores con quemaduras de diversa gravedad en piernas, brazos y rostro. Algunos de ellos, en terapia intensiva.
“Se prendió fuego una cinta y ese incendio provocó explosiones en una celda y en túneles”, explicó Jorge Teller, del Sindicato de Aceiteros, que decretó un paro por 24 horas.
Las del miércoles no fueron las primeras muertes en la ex Nidera. Hace unos meses, un operario también había perdido la vida trabajando. El Estado recibió varias denuncias por las condiciones de trabajo, pero nunca hizo nada.
No fue la primera muerte en las instalaciones de la empresa de origen chino, que en marzo le compró la planta a Nidera. El 14 de diciembre de 2016, en la planta que Cofco tiene en Timbúes, el operario Gustavo López perdió la vida por atrapamiento de cereal: estaba haciendo tareas de mantenimiento cuando se le cayeron encima toneladas de cereales. Aquella vez el cerco mediático no dejó que se filtre la noticia. Esta vez, por la magnitud de la explosión, no pudieron ocultarlo. Sin embargo, ningún medio recordó este hecho anterior ni las denuncias contra la empresa. Mucho menos sus negocios.
¿Quién es Cofco Corporation?
No sobran los datos públicos sobre cómo opera esta empresa en Argentina: tiene dos grandes centros industriales. Uno en Timbúes, y otro en Puerto General San Martín.
En su página web se presentan como una empresa que combina conocimiento en comercio, materias primas y solidez financiera para “ofrecer soluciones de vanguardia en el comercio nacional e internacional de granos, oleaginosas y subproductos de valor agregado, llegando a diferentes destinos, a través de plantas y puertos en Argentina.”
Más adelante, en el mismo sitio web puede leerse: “Estamos comprometidos con las comunidades en donde operamos y trabajamos juntos en proyectos sociales orientados a mejorar la educación y la salud infantil.”
Menos mal.
En el mes de agosto, un cable de la agencia noticiosa inglesa Reuters afirmaba que la multinacional china afrontaba una crisis económica y había designado al banco Morgan Stanley para que buscara nuevo dueño a la fábrica que este miércoles estalló.
Cofco compró en el año 2014 la mayoría del paquete accionario de Nidera encargada de producción, almacenaje y comercialización de granos, aceites y harinas. Además de semillas y agrotóxicos. Sí, para mejorar “la salud infantil”.
“Nidera vendió durante todo el año pasado 30.121 millones de pesos, lo que la ubicó en el puesto número 34 entre las mil que más facturaron en nuestro país”, apunta Carlos del Frade, periodista y diputado provincial de Santa Fe. Y quien hace un cálculo imprescindible para entender la (i)lógica de estas fábricas de la muerte: “31.121 millones de pesos facturados en un año es el equivalente a 83 millones de pesos por día, 3 millones y medio de pesos por hora, 58.103 pesos por minuto”.
La empresa fue una de las que más facturó durante 2016 en Argentina: 83 millones de pesos por día. Sin embargo, nunca invirtió en medidas de seguridad para sus empleados.
O sea, plata no falta para cuidar a sus trabajadores. Dos de ellos, murieron. Varios otros pelean por su vida.
La empresa, no invirtió en cuidarlos. El Estado, tampoco se ocupó. Los medios, se quedarán con las imágenes espectaculares y no mucho más. En la memoria quedarán Domingo Giménez y Juan Carlos Castillo.
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SI ERA EVITABLE, NO FUE UN ACCIDENTE
“Priorizan su alta rentabilidad y no reinvierten para implementar las medidas necesarias para garantizar la salud y la integridad psicofísica de las personas que trabajan en sus plantas”, dijeron desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina a través de un comunicado en el que remarcaron que “la repetición de estos episodios en las plantas del complejo industrial agroexportador, donde compañeros trabajadores sufren daños y hasta la pérdida de sus propias vidas en el cumplimiento de sus tareas, expresa las consecuencias de políticas generales”.
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