Por qué Elías Garay no será la última muerte mapuche

por Maxi Goldschmidt
29 de noviembre de 2021

En Argentina y Chile, con sus particularidades y en una dimensión diferente, el origen del conflicto es el mismo. El despertar del pueblo mapuche crece a la par de recuperaciones territoriales. La respuesta visibiliza la violencia que nunca desapareció y hoy vuelve a traducirse en muertes a un lado y otro de la cordillera.

En Argentina, donde nació según indica su DNI, de Elías Garay se hablará poco y nada en unos días. Ahora es noticia: la muerte de otro mapuche. Elías –como Rafael Nahuel– sabía que éste podía ser su destino, lo supo desde el momento que decidió profundizar el proceso de recuperación de su identidad.

La prensa chilena no reparó en la muerte de Elías, como la argentina tampoco en la de Pablo Marchant –en julio pasado–, ni en la de Jordan Llempi Mallacán –hace menos de tres semanas–, otro dos mapuches asesinados –por fuerzas de seguridad– en el marco del conflicto que atraviesa a ambos países: la recuperación territorial (y cultural) de un pueblo preexistente a la creación de dos Estados que, con sus particularidades y diferencias, se asentaron sobre un territorio habitado. Hoy, en pleno siglo XXl, estos dos países democráticos violan derechos humanos e incumplen tratados internacionales: insisten en un camino de violencia hacia el pueblo mapuche.

En mapudungun Mapu significa tierra. Y Che, gente. La "gente de la tierra", obligada durante décadas a vivir en tierras poco fértiles, alejadas de su lugar de nacimiento y en reducciones, desde hace años viene profundizando procesos de recuperación. La recuperación no solo, y a veces ni siquiera, es territorial. Es también, y sobre todo, cultural: recuperar las costumbres, la espiritualidad, la medicina, la palabra. Cada vez más jóvenes aprenden la lengua de sus ancestros.

Hay un fenómeno que se repite en Wallmapu, el territorio ancestral mapuche: abuelas que, como forma de protección, no aprendieron ni les enseñaron la lengua a sus hijos, hoy les enseñan a sus nietos.

En Argentina, pese a que los medios y la derecha quieren instalar el peligro de atentados y terrorismo, el discurso que reivindica sabotajes y la violencia es minoritario. La violencia que sí crece es contra el pueblo mapuche.

 

Despertar mapuche

Durante años la violencia, la discriminación, el peso de la imposición cultural argentina y chilena, silenció a las comunidades. O directamente las hizo desaparecer. Pero muchas desde hace años comenzaron a resurgir, a volver a vivir como mapuche. Y eso tensa la relación con los Estados. Cuando el mapuche no reaccionaba, no había conflicto. Cuando no reclamaba la tierra, supuestamente, había paz.

Reconocerse mapuche es un proceso en aumento en jóvenes y familias a un lado y otro de la cordillera. No sólo es asumir una historia de despojos y violencia. Es resolver una cuestión que choca de frente tanto contra la propiedad privada –territorios que, por su parte, en muchos casos fueron obtenidos de manera fraudulenta y que eran, precisamente, donde vivían los antepasados de quienes hoy reclaman parte de esas tierras– como contra las políticas extractivistas.

Esta situación, potenciada por la pandemia, la crisis climática y niveles de información y conciencia respecto de las consecuencias del capitalismo en cuerpos y territorios, genera múltiples apoyos a la causa mapuche. También enemigos en el seno de las sociedades argentina y chilena. De alguna forma, en esta parte del continente, muchas veces son comunidades mapuche las que encabezan –sin esa pretensión– la defensa de la vida, del agua, y ponen el cuerpo ante el avance del extractivismo. Se oponen –y por eso son perseguidas– al fracking, la megaminería, los monocultivos, las forestales, los proyectos inmobiliarios, las salmoneras.

El conflicto socioambiental y territorial es global, planetario. Pero en el sur del continente hay un pueblo originario que en vez de desaparecer, se reconstruye. Una reconstrucción por cuenta propia: territorial, cultural, espiritual, económica, política. 

También recupera la violencia. Un tema incomodísimo y cada vez más visible que representa hoy uno de los problemas más complejos que afronta el Estado chileno. La violencia legítima como forma de defensa se está masificando en las comunidades de ese lado de la cordillera, donde las recuperaciones territoriales de los últimos meses se multiplican con una fuerza incontenible.

Cuando el mapuche no reaccionaba, no había conflicto. Cuando no reclamaba la tierra, supuestamente, había paz.

 

Otro 12 de octubre en Chile

Para Chile, que en primera vuelta acaba de perfilar a José Antonio Kast, un reivindicador de Pinochet, como posible Presidente, el futuro con respecto al "conflicto mapuche" es de más muertes. En este momento, las provincias de Cautín, Malleco, Biobío y Arauco se encuentran militarizadas. El 12 de octubre, el presidente Sebastián Piñera impuso por decreto el Estado de Excepción y Emergencia que les dio intervención a más de 2.000 militares. Justificó la medida por “los efectos de la violencia, los ataques de bandas del crimen organizado, de terrorismo, de narcotráfico, de robo de madera”.

Durante esos días las comunidades mapuche de la zona vivieron potenciadamente a lo que se acostumbraron: allanamientos, maltrato y violencia estatal. Infantes de la Marina fueron los responsables de la muerte de Jordan Llempi, de 23 años, y de varios heridos –entre ellos un menor– por una balacera en plena carretera. 

 En pleno siglo XXl, Argentina y Chile, dos países democráticos, violan derechos humanos e incumplen tratados internacionales: insisten en un camino de violencia hacia el pueblo mapuche.

Pero a diferencia de otras veces, esta vez la respuesta de algunas comunidades fue distinta. Eligieron defenderse. Impedir o tratar de impedir que las fuerzas del Estado ingresen a los territorios: “Ya no solamente usaremos piedras y palos. No puede ser que el Estado siga haciendo lo que quiera en nuestras tierras, que se lleve a nuestros jóvenes y los encierre en las cárceles. No lo vamos a permitir”.

Pocas horas después del asesinato de Llempe, se dio a conocer un video –muy reproducido por los medios de comunicación– donde la organización mapuche Weichan Auka Mapu (WAM) exhibía decenas de armas, algunas de alto calibre. La bandera roja, que para el pueblo mapuche significa guerra, se ve cada vez más en las manifestaciones y en los territorios. 

Las diferencias con Argentina son muchas en ese sentido. En Chile son frecuentes los allanamientos a las comunidades, a toda hora y con un modus operandi que cualquier mapuche de esas tierras vivió en carne propia: irrupciones violentas en casas, disparos, gases, golpes. En las cárceles de Angol, Temuco y Lebu, por ejemplo, hay pabellones repletos de presos políticos mapuche. 

La persecución judicial –receta repetida en Argentina con las comunidades que inician procesos de recuperación– es tan evidente que se repiten fallos reñidos con el derecho internacional. Son constantes los "montajes", operaciones a través de las cuales se detienen y se juzgan a líderes mapuche acusándolos de delitos que no cometieron. En muchos de estos casos, los “testigos protegidos” que incriminan a los comuneros son los propios integrantes de las fuerzas de seguridad.

Tras los dos decretos presidenciales, fueron los legisladores quienes aprobaron dos nuevas extensiones del Estado de Emergencia. En gran porcentaje, las poblaciones no mapuche de esas zonas celebran la presencia militar. Ante esta situación, algunas comunidades y organizaciones mapuche comenzaron a reivindicar la defensa armada de sus territorios. Otras, como la CAM (la Coordinadora Arauco Malleco) hace años reivindican la violencia política y los sabotajes. Pablo Marchant formaba parte de la CAM. Hasta hace unos días, la versión oficial sobre su muerte hablaba de “enfrentamiento”, sin embargo, una investigación periodística reveló que habría sido ejecutado.

Comunidades de Chile: “Ya no solamente usaremos piedras y palos. No puede ser que el Estado siga haciendo lo que quiera en nuestras tierras, que se lleve a nuestros jóvenes y los encierre en las cárceles. No lo vamos a permitir”.

Son moneda corriente en Chile las noticias acerca de incendios de máquinas y camiones de las forestales. Las dos principales forestales del país, CMCP-Mininco y Arauco, son propiedad de dos de las familias más poderosas del país, Matte y Angelini. En 1979,un decreto de Pinochet cedió gran parte del territorio ancestral mapuche a estas empresas, que fueron fuertemente subsidiadas por el Estado para llevar adelante el monocultivo de pino y eucalipto, que generó sequía en varias regiones y arrasó con el bosque nativo. 

Desde hace más de dos décadas, organizaciones y comunidades mapuche enfrentan a las forestales y recuperan parte de ese territorio. Hoy esos procesos se masificaron, al punto de que en algunas regiones las forestales tuvieron que retirarse. 

 

La política y el conflicto mapuche

La noticia recorrió el mundo: la presidenta de la Asamblea Constituyente en Chile, el órgano encargado de escribir la nueva Constitución, es mapuche: Elisa Loncón. Dentro de su pueblo, hubo quienes celebraron la noticia y quienes la tomaron con indiferencia. De los primeros, muchos se sintieron desencantados en las últimas semanas, sobre todo a partir de la militarización y la nueva avanzada del Estado contra las comunidades. Incluso hubo caravana mapuche desde el sur del país hasta Santiago para dialogar con la Asamblea y, por cuestiones de aforo, no fue recibida. El escenario político, sobre todo en lo referido al “conflicto mapuche”, es muy complejo.

En La Araucanía, por ejemplo, donde gran parte del pueblo mapuche se abstiene de votar –cuestión que muchos están reconsiderando para la segunda vuelta a partir de la primera vuelta–, el candidato de derecha José Antonio Kast triplicó a Gabriel Boric en las elecciones presidenciales.

En Argentina, pese a que los medios y la derecha quieren instalar el peligro de atentados y terrorismo, la historia es diferente. Incluso, el discurso que reivindica sabotajes y la violencia es minoritario. La violencia que sí crece es contra el pueblo mapuche. En algunas provincias (Río Negro, Chubut, Neuquén), esa violencia a veces llega a ser promovida por el Estado. El Foro Consenso Bariloche, las marchas anti mapuche en esa ciudad y, particularmente, el asesinato de Elías Garay ponen el tema en primer plano. Aunque los medios no lo reflejen.

Cuando el Grupo Albatros de Prefectura asesinó por la espalda, con una bala calibre 9 mm, a Rafael Nahuel, las primeras declaraciones oficiales hablaron de "enfrentamiento". A cuatro años, no hay nadie preso.

El 3 de noviembre, el mismo día que en Chile infantes de Marina asesinaron a Jordan Llempe, una delegación encabezada por el viceministro del Interior y Seguridad Pública chileno, Juan Francisco Galli, se reunió en Buenos Aires con el Ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández. La reunión, solicitada por el Gobierno chileno, según algunos medios (Clarín, La Nación, Infobae, La Tercera) fue para “preparar acciones conjuntas para controlar a grupos mapuches que trafican armas y drogas a través de la frontera”.

Funcionarios argentinos admitieron que ése fue el planteo de la delegación chilena pero que aún no se decidió ninguna acción. Incluso lo consideran parte de la operación entre ciertos medios y sectores de poder del sur argentino y del oficialismo chileno, que buscan presionar al Gobierno argentino y a la opinión pública tal como lo hicieron con las coberturas de los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Y más recientemente con la participación del embajador Rafael Bielsa en la audiencia por el lonko Facundo Jones Huala, que cumple una condena de 9 años en una cárcel de Temuco.

 

Teoría del enfrentamiento

Cuando el Grupo Albatros de Prefectura asesinó por la espalda, con una bala calibre 9 mm, a Rafael Nahuel, las primeras declaraciones oficiales hablaron de "enfrentamiento", una teoría que siguen manteniendo diferentes medios de comunicación pese a lo que indican las pericias y la causa, plagada de irregularidades. Hoy, a cuatro años de ese crimen de Estado, no hay culpables. No hay presos. 

El 14 de noviembre de 2018, el Comando Jungla, un grupo de Carabineros preparado en Colombia para enfrentar al narcotráfico, asesinó por la espalda, con armas de guerra, a Camilo Catrillanca, un joven mapuche de 24 años que manejaba su tractor. Catrillanca estaba dentro de su comunidad (Temucucui, hoy una de las más perseguidas) e iba en busca de cilantro cuando lo alcanzaron las ráfagas. 

El ex Sargento de Carabineros Carlos Alarcón fue condenado a 16 años de pena efectiva. El asesinato de Camilo desató movilizaciones en todo el país –antecedente del estallido de noviembre de 2019 en Chile– y una nueva ola de recuperaciones territoriales que se extiende hasta hoy. Las primeras declaraciones oficiales respecto a ese crimen, también repitieron una palabra: enfrentamiento.

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