Narcofemicidio y politiquería

El 19 de septiembre Brenda del Castillo, Morena Verdi, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, desaparecieron tras subir a una camioneta blanca en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Esa misma noche y en la madrugada que siguió fueron víctimas de múltiples formas de tortura, algunas transmitidas incluso en vivo por redes sociales. Cuatro días después, el 24 de septiembre, sus cuerpos fueron hallados enterrados en una vivienda precaria de Villa Vatteone, en Florencio Varela. Los forenses describieron mutilaciones y todo tipo de horrores en los cuerpos.

Víctor Sotacuro, el remisero que transportó a las jóvenes, fue detenido en la frontera con Bolivia, mientras que a Florencia, su sobrina, la buscaron en un canal de televisión cuando confesó que estaba con él: se la llevaron, literal, en vivo. Hacia el 30 de septiembre, luego de diez días del triple femicidio, fue detenido en Lima Matías Ozorio, presunto “mano derecha” del presunto responsable, Tony Janzen Valverde, apodado “Pequeño J”, quien fue capturado en Perú el 1 de octubre. Esta cronología concentra lo más importante de los hechos.

Sin embargo, la cobertura mediática rápidamente derivó en salpicaduras electorales y discusiones sobre la naturaleza del crimen: si era o no un narcofemicidio, con señalamientos hacia las chicas por ejercer la prostitución, y con un peso indebido sobre la responsabilidad de las madres. Las movilizaciones en las calles convocadas por Ni Una Menos se encontraron con represión y una enorme presencia policial en villas como la 1-11-14, la 21-24 y Zavaleta, acompañadas por medios que trasladaron sus cámaras al sur de la Ciudad de Buenos Aires por un par de semanas. No importaban, en cambio, los problemas estructurales: que en la 21-24 y Zavaleta más del 90% de los vecinos viven con riesgo eléctrico y sin agua segura. Eso, aparentemente, “no garpa”.

La militarización del barrio se hizo evidente en cada esquina y pasillo. Los colectivos debieron desviarse, los helicópteros sobrevolaban cada mañana mostrando tomas aéreas que reforzaban la narrativa de que los villeros somos la degradación social de la Argentina. La cotidianeidad se rompió: una mañana, al salir a regar mis plantas, me encontré con un tipo con pasamontañas y un arma que le llegaba a las rodillas frente a mi casa. Cámaras captaban cada gesto, cada esquina, pidiendo testimonio para reforzar la percepción de peligro y la necesidad de políticas de mano dura que la derecha siempre celebra.

Muchas madres prohibieron que sus hijos salieran a jugar después de las 17, temiendo a la policía. En radio, TV, redes y streams resonaba: “peruano, peruano, peruano”, mientras la zona estaba llena de uniformados y brigadas. Sin embargo, desde esos días no se llevaron a nadie de Zavaleta, la 1-11-14 ni de mi barrio. De repente, un día, la cobertura desapareció. La policía se retiró y los medios también, quedando solo la vigilancia de las cámaras de Jorge Macri. Ya no había nada que hacer porque apareció Pequeño J. 

Este gueto mediático, esas patadas de allanamiento y la especulación política, se ven mucho menos en los barrios de la zona norte. Entre nosotros se sabe que si hay restos del narcotráfico en las villas, son los perejiles: la mano de obra barata de una enorme estructura. Al ver la captura del joven de 27 años en Perú, nos reímos con amargura. Es un empleado más de la multinacional que comanda desde las cúpulas del narcotráfico en Argentina y la región. Habrá que ver si Pequeño J fue responsable material del triple femicidio; la investigación sigue abierta. Pero de algo estamos seguros: los autores intelectuales de este aparato venenoso no viven entre nosotros. ¿Cuándo lo entenderán las diferentes “guerras contra el narco” que lo pintan desde las derechas y las izquierdas?

Lo sangriento como carnada electoral

La disputa sobre si el crimen ocurrió en provincia o en Capital Federal, si era territorio de Macri o de Kicillof, está agotada. Porque en el medio, los que sangran son las personas pobres: las Laras, Morenas y Brendas. Son las lágrimas de las madres que, tras ser víctimas desde la cuna por la pobreza estructural, tienen que agarrar coraje para ponerse una remera blanca con el rostro de su hijo caído por el gatillo fácil, buscando a sus hijas en las redes de trata o pidiendo un poco de justicia en cada femicidio potenciado en los hogares precarios de Argentina.

Según el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”, en lo que va de 2025 ya hubo 164 femicidios y casi 700 intentos de femicidio en todo el país. En diez años de #NiUnaMenos, de 2015 a 2025, se registran más de 2.589 femicidios y travesticidios. Una mujer, trans o travesti es asesinada cada 33 horas.

Mumalá, por su parte, alerta sobre una dimensión que pocos nombran en voz alta: entre 2020 y julio de 2025, al menos 128 femicidios estuvieron ligados a contextos de narcotráfico y crimen organizado, y la mitad de las víctimas tenían menos de 30 años. Esto no debe leerse como una “mexicanización” de las ciudades argentinas, sino como la necesidad de pensar estrategias presupuestarias situadas que eviten que las juventudes recurran al narcomenudeo.

Pero priorizar la macroeconomía, endeudarse cada vez más con el FMI y abandonar los barrios no conduce a ninguna parte. Mario Lugones, por ejemplo, ministro de Salud y responsable del Sedronar, ajustó tanto que cientos de CAACs —espacios que contenían a jóvenes en consumo dentro de las villas— dejaron de existir. En CABA no hay políticas de empleo joven que amortigüen la crisis laboral del sector popular. Peor aún, se persigue a feriantes, vendedores ambulantes y cartoneros que buscan el pan.

En este mismo sentido, Leonardo Fernández, delegado de ATE por el Hospital Bonaparte, me explicó que lo primero que hicieron cuando llegaron al poder a nivel nacional fue recortar las áreas de salud mental que trabajaban con villas, la comunidad LGBTIQ+ y gente en situación de calle. Al mismo tiempo desmantelaron el área de estadísticas que relevaba esta realidad en el sector popular del AMBA. Es decir, la gestión libertaria nos prefiere en consumo, vendiendo drogas o muertos.

En Vicente López, Buenos Aires, la policía local asesinó al joven Octavio Buccafusco cerca de la fecha del triple narcofemicidio, cuando él mismo los había llamado para denunciar un robo. Todo está roto. No hay color político que se salve. En el medio estamos todos nosotros y nosotras, cargando con la consecuencia de un Estado aún más ausente y un sistema de justicia que llega tarde, no llega o llega de manera selectiva cuando garpa mediática o electoralmente.

La insensibilidad, en este caso que nos sigue horrorizando y que seguirá ocurriendo, tuvo un rostro poco mencionado en esta oportunidad. A Jorge Macri no le alcanzó con reprimir y detener cerca de diez personas en Plaza Flores el 24 de septiembre, durante la primera movilización por las tres víctimas. Tres días después, el 27 de septiembre, la Policía de la Ciudad reprimió a un grupo de familiares que se retiraban de la enorme marcha convocada en el Congreso de la Nación. A la mamá de Morena, por ejemplo, la acorralaron entre las calles Alsina y Solís.

Las raíces que se desprenden del triple narcofemicidio de Lara, Brenda y Morena son tan amplias que es más cómodo sostener un sentido común de derecha: el migrante, el villero, los transas, la prostitución como chivo expiatorio que nutre la agenda de la baja de edad de punibilidad, llenar de pobres las cárceles, seguir teniendo votitos y jamás resolver el problema de fondo. Un negocio redondo, ¿no?

La narcopolítica y el caso del “Pequeño E”

Sobre la violencia estructural que atraviesan las pibas de los barrios, la Red de Docentes, Familiares y Organizaciones del Bajo Flores sostiene que este caso es la expresión máxima de lo que muchas adolescentes padecen día a día. “Es una muestra de lo que venimos denunciando hace diez años: el vínculo entre las desapariciones, los narcos, la circulación de drogas, ciertos boliches y la connivencia del Estado”, señalan.

Hablamos con estas voces de la Villa 1-11-14 porque allí también se realizaron importantes operativos, aunque no se encontró a nadie. Para la Red, reducir todo a la trata simplifica el problema: “La trata es probablemente una de las derivas más gravosas, pero no la única ni la que explica todos los casos de desaparición de jóvenes”. Existe, explican, una inteligencia política-estatal que crea, por acción u omisión, las condiciones óptimas para que se perpetúe la explotación múltiple en medio de la pobreza.

En este marco, las pibas pobres son “objetos de consumo, vidas que poco importan”. La precarización de la vida se abraza con la precarización de la muerte. La pregunta que surge es inevitable: ¿en qué circunstancias se mueren los pibes y las pibas por esta “multinacional” que se expande en los barrios bajos de Latinoamérica? La poca proactividad en la búsqueda, la ausencia de derechos básicos para una vida digna y el desmantelamiento de políticas públicas conquistadas para prevenir y contener estas historias se transforman en un bucle que se repite gobierno tras gobierno.

Cuando estas noticias se viralizan, aparece otra trama: el racismo y la construcción del enemigo. La Red subraya que “la inserción del dato de nacionalidad de los responsables es una forma de construcción del enemigo. Es más fácil decir que el enemigo viene de afuera -en el caso de Pequeño J es Perú-, que asumir la responsabilidad del Estado”. La demonización de quienes viven en la villa también constituye otra estrategia: es una “criminalización de la pobreza que facilita la comunicación política y elude la responsabilidad estatal”.

En este combo, el cuerpo joven y racializado se convierte en mercancía para toda la narcoestructura. No hay explicaciones únicas ni fórmulas que engloben la diversidad de barrios. Pero la lección clara es que, si el Estado retrocede, el narco avanza. Por eso la movilización en las calles es imperativa: no podemos acostumbrarnos a las prácticas mafiosas que buscan disciplinarnos física y discursivamente.

La narrativa de que esto no va más, que se tiene que transformar de raíz, vuelve a estar en las manos y voces de las mujeres organizadas de Argentina. La clave feminista contra el terror y su acción callejera es, por ahora, lo más potente que se tiene mientras los gobiernos no resuelven el flagelo de raíz.

Surgen preguntas inevitables: ¿Quién da un plato de comida al pibe en consumo desde un comedor? ¿Qué lágrimas caen en las fiscalías y comisarías donde se llora a un pibe que murió por gatillo fácil? ¿Qué cuerpos visitan a los pibes presos, a los perejiles? ¿Quiénes dicen Ni Una Menos en los barrios pobres? ¿Qué mamás buscan hasta su último respiro a las niñas y jóvenes atrapadas por las redes de trata? ¿De quiénes eran los rostros prejuzgados por el caso de Lara, Brenda y Morena? ¿Cuáles son las vidas que no tienen otra alternativa que la prostitución? ¿A quiénes roban los hijos hasta la garrafa para comprar paco?

El sujeto social, político, de choque, de acción y transformación ciudadana, en gran porcentaje, está encabezado por las feminidades contra una estructura narco que, en general, tiene comandos masculinos.

Esta misma tarde, mientras cerraba este artículo, apenas un día después de desmentir su vínculo con el narcotraficante Fred Machado, el “Pequeño E” tuiteó: “Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla”. El costo de Milei, de perder ante el peronismo a menos de dos años de su presidencia, era alto.

Cuando digo “Pequeño E” me refiero, claro, a José Luis Espert, por si no queda claro. Mientras cerrábamos este texto la Justicia argentina aprobó la extradición de Machado, para dejarlo en manos de la Justicia estadounidense. Se estima que Espert tendrá que dar explicaciones en EEUU también por sus vínculos.

De este modo, quien iba a disputar la Provincia de Buenos Aires iba a ser Diego Santilli, actualmente libertario, pero que a fines de los 80 estuvo con el Partido Justicialista, luego con el PRO y Juntos por el Cambio. En este caso, el “Pequeño D” forma parte de la casta política en la Ciudad de Buenos Aires desde hace más de 30 años. El año pasado, el medio Diagonales comunicó que el ex ministro de Seguridad de CABA e impulsor de la “Ficha Limpia” tenía vínculos con empresas offshore para pagar menos impuestos. Sí, es un bucle.

Sin embargo, la que ocupará el lugar de Espert, luego de idas y vueltas muy desprolijas, será Karen Reichardt, modelo, actriz y vedette. Fue en el marco del respeto por la ley de paridad de género que la ubicó allí. La militancia libertaria, en redes, no se mostró contenta por esta medida.

Pero en este medio hemos difundido muchas veces los efectos en la sociedad de los cargos vitalicios y los vínculos con mafias: las corrupciones gotean en sangre en los barrios —gatillo fácil, femicidios, trata de personas, hambre, tierra arrasada por la soja, extractivismo minero, racismos— y también sobre el narcotráfico. Es transversal. No se trata únicamente de un señalamiento a la derecha: los progresismos también tienen gato encerrado.

El que hacía pucherito riéndose de diputados de izquierda en los asientos del Congreso de la Nación, el Pequeño E, ahora está fuera de su juego político. Pero las ideas de “cárcel o bala”, pena de muerte, el uso libre de armas, bajar la edad de punibilidad o exterminar las villas siguen girando con mucha fuerza. Lo cierto es que al menos esta vez, por la presión social y feminista en las calles, la agenda antinarco arraigada por el horrible final de Lara, Brenda y Morena no permitió que impunemente Espert sea candidato a algo. No con su historial.

Pero no hay festejo alguno en estas palabras. Hay reflexión a mano alzada. Porque podrá ser que el candidato de la ultraderecha, fascista, encarnado por Espert, fue dado de baja para que asuma otro. Instalan que estamos en una especie de “ventaja” a 20 días de unas elecciones importantes. Pero, ¿saben qué? A pesar de todas, a pesar de Lara, Brenda y Morena. No hay ni un solo narcotraficante preso por todo esto.