Una lucha colectiva frente al Congreso
En el primer miércoles del año, la tradicional protesta de jubiladxs sumó el apoyo de diversos sectores afectados por los recortes. Entre operativos de seguridad desmedidos y relatos de indigencia, la calle volvió a ser el escenario del reclamo social.
Como cada miércoles, el Congreso de la Nación amaneció blindado. En una continuidad de las políticas de seguridad de gestiones anteriores, el operativo desplegado resultó, una vez más, desproporcionado frente a la manifestación: una fila interminable de camionetas de Gendarmería y Prefectura custodió un perímetro donde la cantidad de efectivos superaba a la de lxs manifestantes. Mientras algunos oficiales dormían dentro de los vehículos, la pregunta en el aire era inevitable: ¿cuánto dinero público se consume semanalmente en sostener este despliegue?
Del otro lado del vallado, los jubilados iniciaron la jornada con un "semaforazo". Poco después, comenzaron su tradicional vuelta al grito de: “Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. Al llegar a la Avenida de Mayo, un cordón policial les impidió el paso, deteniendo la marcha cara a cara con los uniformados.
La elección imposible: comer o comprar remedios
“Hay 5 millones de jubilados en la indigencia. Es una vergüenza el aumento que dieron: los funcionarios se subieron el sueldo un 90 por ciento y al jubilado le dieron el 2,47 por ciento”, denunció una jubilada. Con un cartel que resumía el drama actual —“Comer o comprar remedios”—, la mujer explicó la crudeza de la realidad cotidiana: “¿Quién puede vivir con 400 mil pesos? Aumentan los servicios, aumenta todo. Los que cobran la mínima están comiendo una vez por día. Nos estamos muriendo, pero como somos viejos, parece que se entiende que es lo que debe pasar, pero es terrible tener que morir por falta de remedios o por falta de alimentación.”
Unir las luchas
A la convocatoria de este miércoles se unió el colectivo de personas con discapacidad, bajo la premisa de que “unir las luchas es la tarea”. El reclamo principal giró en torno al cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la exigencia del cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada el año pasado tras dos intentos de veto presidencial.
Karina, integrante de la Asociación Civil "Hablemos de Autismo" en Quilmes y madre de una joven con autismo, expresó su preocupación: “Vivimos un retroceso hacia modelos obsoletos. La ANDIS era el ente encargado de garantizar políticas de inclusión. Para este gobierno, las personas con discapacidad son un gasto innecesario”. Además, denunció que el cierre del organismo buscaría ocultar presuntos ilícitos y manejos de fondos irregulares por parte de la cúpula oficialista.
Salud infantil en riesgo
La jornada también contó con la presencia de las "Madres del Garrahan", quienes denunciaron el desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. Natalia, representante de las familias que dependen de este servicio, explicó el impacto federal de la medida:
“El Hospital Garrahan coordina este programa a nivel nacional, gestionando desde asesoramiento hasta vuelos sanitarios de urgencia desde los puntos más remotos del país. Sin este programa, el sistema se saturará y los centros locales no podrán responder a la complejidad que requiere una cardiopatía”, advirtió.
Lo que comenzó como una protesta sectorial de jubiladxs se transformó en una caja de resonancia de diversas crisis. El primer miércoles del año dejó en claro que, ante el ajuste, la calle sigue siendo el punto de encuentro para quienes sienten que sus derechos fundamentales están en riesgo.