Jorge Macri, el alcalde de los desalojos exprés

Johanna pasó una semana entera sin dormir. Lo que le interrumpió el descanso fue la Guardia de Auxilio del Gobierno de la Ciudad, que la desalojó junto a otras seis familias que viven en un conventillo ubicado en la calle Melo 580, en el barrio de La Boca. El argumento oficial para el desalojo es el riesgo de derrumbe en una de las paredes de la propiedad. Como consecuencia, quedaron en la calle personas que viven allí desde hace más de 30 años, a quienes no les permiten ingresar a buscar su ropa, sus muebles ni sus electrodomésticos.

El Gobierno de la Ciudad, administrado por Jorge Macri, sostiene que una de las paredes linderas al conventillo podría caerse. Sin embargo, las familias convocaron a un arquitecto particular que revisó el lugar y aseguró que no existe tal peligro de derrumbe.

Este conventillo, como muchos otros del barrio, no tiene dueño registrado, por lo que el inmueble pasaría al dominio del Estado porteño. “Hace 15 años que vivo acá. Hice un montón de mejoras en mi casa, construí una pieza de material para mis hijos, el más chico tiene 13 años. No nos dan una solución temporal ni de ningún tipo. Lo poco que gané siempre lo destiné a mejorar mi hogar y ahora me voy a quedar sin nada”, cuenta Johanna con profunda preocupación.

La historia del lugar está marcada por la tragedia y la resistencia. En 2013, hubo un incendio en el terreno lindero en el que murieron dos hermanitxs, Pitu y Paola; sus padres se encuentran hoy entre los desalojados. “Vengo luchando por esta vivienda desde el año 2000, cuando el jefe de Gobierno era Aníbal Ibarra. Resistimos a ese desalojo y formamos el Frente de Hoteles en Lucha con el acompañamiento de organizaciones sociales. El subsidio habitacional es solamente un parche, no soluciona nada. El plan sistemático de éste y de todos los gobiernos que pasan es sacar a los pobres de la Capital”, denuncia Jorge Herrera, padre de lxs niñxs fallecidxs.

Entre las familias afectadas hay personas con discapacidad y adultos mayores que podrían quedar definitivamente en la calle. Llevan más de una semana sin poder ingresar a sus casas ni retirar sus pertenencias. En lugar de ofrecer una solución habitacional, el Gobierno de la Ciudad les exige a los propios damnificados que presenten una solución al problema.

Gabriela Erole, trabajadora social e integrante del Grupo de Vivienda y Hábitat –organización que trabaja la problemática en el barrio–, advierte lo que se juega en el fondo de este conflicto: “Las familias ingresaron a las viviendas alquilando o por herencia. Hace mucho tiempo vivimos lo que se llama gentrificación: el reemplazo de la población histórica por una de mayor poder adquisitivo, impulsado por el negocio inmobiliario y el turismo”.

“Acá nació mi hija que hoy tiene 20 años. Nosotros siempre vivimos acá tranquilos, sin problemas. Yo soy diabética, tengo 53 años y no nos dan ninguna solución; con un subsidio habitacional no se puede resolver nada. Siempre cuidamos este lugar, pagamos los impuestos y le hicimos mejorías. Estoy desesperada”. María habla y rompe en llanto, angustiada por la situación.

103, el número de los desalojos

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Precariedad habitacional, incendios y derrumbes. Erole, que frecuenta La Boca desde hace 15 años y también integra la Red de Cooperación (nacida en la pandemia), enumera esos tres aspectos para referirse a la situación del barrio. También señala una tendencia alarmante: el aumento de los “desalojos administrativos” ejecutados por la Guardia de Auxilio (a la que se accede marcando 103). Según la trabajadora social, antes la gente confiaba en este organismo para apuntalar o reparar estructuras, pero ahora se ha convertido en una herramienta de expulsión inmediata sin previo aviso ni posibilidad de reparación.

El arquitecto Tomás Zedek, del Grupo de Vivienda y Hábitat, inspeccionó el lugar y planteó que el conventillo de Melo 580 no corre peligro; solo una pared externa está en malas condiciones. A pesar de esto, el Gobierno clausuró todo el inmueble y bloqueó el acceso. Cuando las familias intentaron dialogar junto a su arquitecto, la Guardia de Auxilio les exigió títulos de propiedad o juicios de usucapión. La respuesta burocrática a la necesidad de vivienda.

El periodista de Tiempo Argentino que cubre temas de Ciudad, Martín Suárez, realizó un pedido de acceso a la información pública para conocer cuántas familias fueron desalojadas desde el 10 de diciembre de 2023, cuando Jorge Macri asumió su mandato. La Dirección General Red de Atención, dependiente de la Subsecretaría Red de Atención e Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, informó que se desalojaron 826 familias, integradas por un total de 2725 personas (1060 son niñxs y adolescentes). Cada vez que se expulsa a una familia, el Gobierno ofrece un subsidio que no cubre ni el 25% de un alquiler en una habitación de hotel.

Una semana después del desalojo en Melo, la Guardia de Auxilio regresó para permitir el retiro de “objetos livianos”, prohibiendo sacar muebles o heladeras. El operativo se tornó hostil con la llegada de una grúa privada y una fuerte presencia policial que anticipaba la intención de demoler. Gracias a la presión de vecinos, organizaciones y la intervención de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de la Defensa, se logró suspender la demolición. 

Al día siguiente, las familias pudieron retirar lo elemental, aunque se resisten a vaciar el lugar por completo para evitar que el inmueble sea derribado. Al cierre de esta nota, peritos del Poder Judicial y el arquitecto de las familias evaluaban el lugar para presentar un nuevo informe técnico.

La nueva estrategia inmobiliaria

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Por Gabriela Erole (trabajadora social e integrante del Grupo de Vivienda y Hábitat).

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Históricamente, los conventillos de La Boca sufrieron un deterioro estructural debido a la falta de mantenimiento de propietarios que heredaron los inmuebles y se mudaron a otras zonas, manteniéndolos sólo como renta. Con la gestión del PRO, se profundizó un modelo ligado al turismo, pero bajo el mandato de Jorge Macri ha surgido una modalidad específica.

Anteriormente, los desalojos solían ser judiciales (por falta de pago o intrusión), tramitados en la justicia civil o penal según el caso. Sin embargo, el Poder Ejecutivo ha comenzado a utilizar los desalojos administrativos por "riesgo de vida" como una vía rápida. Al declarar un peligro inminente a través de Defensa Civil o la Guardia de Auxilio, el Gobierno logra la clausura y expulsión inmediata de las familias sin que estas tengan los tiempos de defensa que otorga un juicio.

Esta estrategia, que ya se vio de forma masiva en la calle Necochea, permite que el Estado se haga de propiedades sin dueño o facilite el desalojo de terrenos para privados, evitando los procesos judiciales tradicionales. Lo que denuncian las organizaciones es que este mecanismo, probado incluso ante el Tribunal Internacional de Desalojos, busca acelerar la gentrificación y convertir al barrio en un espacio exclusivo para el negocio inmobiliario y el turismo, rematando finalmente los terrenos donde antes vivía la población histórica.