¿Quiénes son los ilegales?

por Revista Cítrica
15 de marzo de 2017

Los trabajadores del Bauen les responden a la editorial sin firma del Diario La Nación titulada "Ocupaciones ilegales".

El martes 14 de marzo, el diario La Nación publicó una editorial en la que se lamentaba, con su habitual prosa anacrónica, por las “ocupaciones ilegales” y la falta de respeto que existe en Argentina por la propiedad privada. Teorizaba sobre que la multiplicación de villas de emergencia era una consecuencia directa de eso; hacía una superficial reseña de las fábricas recuperadas, a las que calificó como “toma de fábricas”; y ubicaba al Hotel Bauen como un episodio “paradigmático” de las violaciones a este derecho: el derecho a la propiedad.

Como parte involucrada en esta historia, nos gustaría hacer una aclaración que La Nación no contempló, y que se torna sustancial a la hora de analizar el caso del Bauen: se habla de propiedad privada cuando una persona o una empresa obtiene, controla o compra un bien, algo que la firma Mercoteles concretó de manera por lo menos dudosa. La familia Iurcovich –titulares de Bauen Sacic y Mercoteles S.A.– nunca pagó el Hotel. Pidió una serie de créditos hipotecarios que tampoco saldó. Entonces, antes de enfocarse en el derecho a la propiedad, estaría bien preguntarse ¿de quién es el Hotel verdaderamente? ¿De todos los argentinos y del Estado, que prestó un dinero que nunca fue devuelto? ¿O de estos capitalistas sin capital, que aprovecharon las distintas oportunidades crediticias estatales para conformar una sociedad que, de modo sistémico, deshonró sus deudas?

En su editorial, La Nación cuestiona el funcionamiento parlamentario –que aprobó, en sus dos cámaras, el proyecto de ley de expropiación y cesión del hotel a sus trabajadores– y avala el veto de Mauricio Macri, al marcar que “está fundado y le evita al Estado el desembolso de unos 30 millones de dólares”.

Esos 30 millones de dólares de los que habla representan un número ficticio. Es un precio de mercado que se estipuló vagamente. ¿De dónde salió esa cifra? Bastante fácil de explicarlo: la familia Iurcovich alega que, en la actualidad, el metro cuadrado en Callao y Corrientes cuesta dos mil dólares. Lo multiplicó por los 15 mil metros cuadrados que tiene el hotel y listo: la calculadora marcó 30 millones.

Por esta razón, repetir como mantra ese número es una canallada. Porque la ley es muy clara en ese sentido: plantea que el único ente autorizado para tasar el inmueble es el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Y que el valor debe fijarse a marzo de 2003, no a la fecha. ¿Por qué esto? Porque en marzo de 2003, cuando se constituye la cooperativa, el edificio estaba en estado de virtual demolición. Por ende, el valor era significativamente menor. Nosotros, entre marzo de 2003 y marzo de 2017, invertimos en el inmueble 20 millones de pesos. Sería injusto que quienes mantuvimos el hotel y lo valorizamos, perdiéramos esa inversión.

Además, a ese valor, que nadie sabe exactamente cuál puede ser, se le deben restar todas las deudas hipotecarias que tenía la familia Iurcovich con el ex Banco Nacional de Desarrollo (Banade), más todas las deudas que tenía con los diferentes organismos del Estado. Es decir, si debía seguridad social, se resta. Si debía otros impuestos, también. Y así con todos. Por eso nadie puede saber cuál es el valor del edificio a marzo de 2003, y muchísimo menos cuánto deben los titulares de Mercoteles S.A.. De la diferencia entre uno y otro número saldrá el valor de la expropiación. Pero nunca el precio será de 30 millones de dólares.  

En su búsqueda por defender la Constitución, La Nación antepone el derecho a la propiedad al derecho al trabajo, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966. Lo hace en un contexto de recesión, pérdida masiva de empleos registrados y un aumento generalizado de la pobreza. Alertado porque el Estado debe ocuparse de “necesidades más acuciantes”, desde el Bauen queremos aclarar algo: con la expropiación del Hotel, el Estado argentino no “gastaría” en 130 trabajadores, sino que recuperaría un activo patrimonial que le pertenece, debido a que prestó un dinero que nunca le fue devuelto, al punto de que la familia Iurcovich figura en la cartera de deudores incobrables del ex Banco Nacional de Desarrollo.

Ese activo que recuperaría lo pondría al servicio de resguardar fuentes de trabajo y garantizar todas las acciones que viene desarrollando la cooperativa en estos 14 años: desde la organización de un ciclo de cine o teatro hasta el alojamiento gratuito a las personas que llegan desde el Interior para realizar un tratamiento médico en la Ciudad. Eso, para nosotros, también es un derecho.

Trabajadores y trabajadoras del Hotel Bauen

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