Una reforma contra la reinserción social

Lo que no explican los redactores de la ley, ni mucho menos el ministro de Justicia es por qué se incorporan alrededor de once tipos de delitos a partir de los cuales, quienes los cometen, no pueden acceder a los beneficios relacionados con la reinserción. “Se reducen las salidas transitorias, las libertades condicionales y la libertad asistida. Anulan directamente todo el sentido de reinserción social al poner un freno a cualquier tipo de avance dentro del sistema actual”, detalla el abogado que está preso en la Unidad 31 de Florencio Varela.

La agenda mediática habla de cómo los privados de la libertad vuelven a cometer delitos pero no sobre cómo la sobrepoblación en las cárceles también - aún más que los propios detenidos- genera más delitos. En la Unidad en la que se encuentra alojado Silvio el hacinamiento es alarmante: está creada en su estructura, para albergar a 332 personas y son más de 900. Hay un 200 por ciento de sobrepoblación. Hay gente durmiendo en el piso, no hay colchones, no hay asistencia sanitaria y los equipos interdisciplinarios directamente no funcionan, por la propia situación de no poder responder ante semejante demanda de gente que está hoy encerrada en las cárceles.

La población carcelaria creció casi un 100 por ciento en la última década, lo que comprueba que la relación entre encierro y delito no es una regla de tres simple. “Es un indicador claro de que la situación no se mejora con mano dura, ni con leyes que restrinjan aún más la libertad. Más allá del monto de la pena que puedan llegarle a dar a una persona por un delito, el tema es qué hacer con ella el tiempo que permanece en la cárcel. Cuando los privados de la libertad no pueden acceder a salud ni a educación, la cárcel se transforma en un depósito de personas, donde uno trata de sobrevivir de la manera que puede”, precisa Silvio.

Y si esas personas encima son mujeres y reclaman por sus derechos, el Servicio Penitenciario puede ser aún más duro. Alfredo Cuellar, quien aún reclama por el esclarecimiento de la muerte de su hija, “la China”, en la Unidad Penitenciaria IV de Ezeiza en 2012, cuenta que “cuando el Servicio Penitenciario ve a una mujer empoderada la considera una amenaza”.

“Cuando reclaman son castigadas o las mandan al psiquiatrico. Y en el peor de los casos aparecen muertas y lo disfrazan como suicidio. Para frenarlas las castigan o las meten en el neuropsiquiátrico. Ahí las medican, están dopadas todo el tiempo y no saben ni a dónde están. Las mujeres que ellos consideran revoltosas son las que luchan por sus derechos”, denuncia Alfredo, sobre el funcionamiento de la cárcel de Ezeiza, que en nada cambió a pesar de la muerte de su hija.

La reforma de la ley cuenta con media sanción, a partir de diciembre del año pasado en Cámara de Diputados, y la intención, que en palabras de Silvio “es fogoneada por algunos medios hegemónicos de comunicación”, es que se le dé dictamen en Senadores. “Iba a pasar la semana pero a partir de las protestas que estamos realizando junto a los compañeros del Sistema Penitenciario Federal y del Provincial, se armó una mesa de diálogo con organizaciones de DDHH, con familiares de detenidos y con ex detenidos. Allí están siendo oídos por los senadores y organizaciones que representan a las víctimas, desde un sentido amplio. No en el sentido de venganza, como lo presentan algunos medios. O sea, hay un grupo de personas que fueron víctimas de diferentes hechos delictivos y que no buscan vengarse. Es un espacio que abrió la gente de Pensamiento Penal que se llama Víctimas por la Paz”.

“Los medios se cuelgan del dolor de una víctima, y a partir de ahí construyen un  “otro” malo y criminal, un otro que tiene que ser extirpado de la sociedad”, dice Silvio. “Parece que a nadie le importan estas personas, como si no tuvieran también derechos, como si no fueran seres humanos. Como si fueran lacras irrecuperables. Ahí hay cosas peores como la mafia penitenciaria y la corrupción política. Pero sólo reparan en las chicas presas y las castigan”, reclama Alfredo.